La tauromaquia seguirá siendo patrimonio cultural. El Congreso de los Diputados rechazó este martes tramitar la iniciativa legislativa popular (ILP) antitaurina impulsada por la plataforma No es mi cultura, por la abstención del PSOE, que durante meses se había movido en la ambigüedad. Hacía falta el voto favorable de los diputados socialistas para que continuara su debate en la Comisión de Cultura. Así las cosas, PP y Vox lograron frenar la ofensiva de los antitaurinos para derogar la ley que blindó en 2013 la Fiesta como bien cultural. La votación puso fin a semanas de incertidumbre . El PSOE había evitado fijar posición hasta el último momento. Hace dos semanas, el portavoz de Cultura de los socialistas, en un discurso en el que dijo una cosa y la contraria, sugirió que su partido era partidario de votar a favor de la toma en consideración de la ley: «Si negamos la palabra en la casa de la palabra, poco demócrata nos podríamos llamar». Este martes, en cambio, la diputada Maribel García cambió ligeramente el tono y apeló al «respeto y la convivencia» para justificar el volantazo de los socialistas. «La cultura no se impone ni se deroga por decreto. Evoluciona, cambia, se adapta y se expresa libremente en sociedad. El papel del Estado no es decidir qué es o no es cultura, sino garantizar la libertad para crear, sentir y expresar», dijo, tras recordar que Guillermo Fernández Vara , fallecido hace unos días, impulsó un libro blanco sobre la tauromaquia: «Tenemos que intentar respetarnos entre todos». El discurso, medidísimo, insistió en la necesidad de «diálogo y serenidad» y repitió la fórmula que el partido ya usó en 2013, cuando el PP se valió de su mayoría absoluta para aprobar la ley que la izquierda pretendía derogar: «Ni prohibir, ni promover». La diversidad es una parte esencial de nuestro estado –añadió García–, y no entenderlo así es llevarlo a una tensión innecesaria porque este debate no necesita más ruido, sino más sosiego; no necesita más enfrentamiento, sino más diálogo». A veces, «el gesto más valiente es saber contenerse». El PP, por su parte, reprochó al PSOE que no haya sido claro sobre su postura. La portavoz de Cultura, Sol Cruz-Guzmán , defendió con vehemencia la vigencia de la tauromaquia: los jóvenes abarrotan las plazas, dijo, los festejos populares han resurgido con más fuerza que nunca. La diputada popular definió el debate como «una nueva cortina de humo de Sumar» y acusó al PSOE de haberse visto «arrastrado por sus socios». «Los toros son cultura», añadió, y no una cuestión ideológica: «Tan absurdo es decir que la cultura es de izquierdas como vincular los toros con la derecha». Vox llevó el tono al terreno más identitario. Pepa Millán calificó la ILP de «ataque al alma española» y de «enésimo intento de prohibir la fiesta más culta del mundo». Permitir la tramitación de la ley antitaurina habría sentado un «peligroso» precedente: «Que una clase política coyuntural, existente en un momento de la historia determinado, pueda decidir con su voto lo que es o no cultura, para decir lo que somos o no somos». A juicio de Vox, «defender la tauromaquia es defender también la pluralidad cultural frente a un globalismo que busca homogeneizar costumbres y valores». Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, Compromís y Podemos se quedaron en minoría con su sí a la tramitación de la ley. Todos apelaron al carácter «democrático» de la iniciativa, que había llegado al Congreso respaldada por 664.777 firmas. «Esta ILP no impone nada; devuelve la libertad a las autonomías para decidir», defendió Nahuel González (Sumar) , que calificó la tauromaquia de «crueldad institucionalizada» mantenida «a base de subvenciones y privilegios». La ILP pretendía darle a comunidades y ayuntamientos las competencias necesarias para regular las corridas: los antitaurinos habían encontrado ahí el atajo para sortear la ley de 2013, que es la que impidió que Cataluña prohibiera los toros. En ese sentido, Etna Estrems (ERC) apeló al derecho a decidir: «Cada pueblo debe poder decidir si quiere o no un toro desangrándose frente a su gente». Pilar Calvo (Junts) recordó la prohibición catalana de 2010 y la anulación del Tribunal Constitucional en 2016: «Queremos decidir nosotros, no Madrid». Desde el PNV, Joseba Agirretxea afirmó: «En 2013 se impuso una ley ideológica que invadió competencias culturales. Tenemos la oportunidad de revertir semejante atropello». Bildu y el BNG apoyaron la iniciativa «por respeto a los animales y a la ciudadanía que la ha promovido». La derrota de la ILP cierra un ciclo político que se abrió hace ocho meses, cuando No es mi cultura presentó ante el Congreso 715.606 firmas, de las que 664.777 fueron validadas, superando las 500.000 necesarias. La iniciativa contaba con el respaldo del ministro de Cultura, Ernest Urtasun , que ha suprimido el premio Nacional de Tauromaquia y ha eliminado al sector de las Medallas de Oro de Bellas Artes. Esta situación había colocado al PSOE en un dilema, dividido por las dos almas que conviven dentro del partido. En el Senado, los socialistas se abstuvieron en una moción para recuperar el premio Nacional, y semanas después votaron junto a Sumar contra una propuesta idéntica. El presidente de la Fundación Toro de Lidia, el ganadero Victorino Martín , se mostró satisfecho por «el triunfo de la diversidad cultural, el triunfo de la convivencia y los valores democráticos, el triunfo de la lógica, el triunfo de la libertad, el triunfo del respeto y el sentido común», informa Rosario Pérez. El criador de bravo, cuyos toros pastan en Extremadura, se refirió también al expresidente de la Junta, cuyo nombre figuró en el discurso socialista. «Parar esta ILP es también un homenaje a Guillermo Fernández Vara, un político dialogante y gran taurino, al que me unía una gran relación». Semanas antes, desde la FTL habían lamentado que «esta ILP de censura de la tauromaquia constituye un ataque totalitario a la libertad cultural y un grave riesgo para el modelo de convivencia democrática en España». El propio Victorino señalaba que esta iniciativa no perseguía ampliar la libertad de las comunidades autónomas, «sino abrir la puerta a que los poderes públicos tengan la facultad de prohibir expresiones culturales en función de criterios ideológicos; los promotores de esta ILP pretenden sembrar la semilla de la cizaña y la división en cada territorio».
