Illinois demanda a Trump por despliegue de soldados de la Guardia Nacional en Chicago
El Gobierno del estado de Illinois, en Estados Unidos (EE.UU.) presentó una demanda este lunes al presidente Donald Trump por el despliegue de soldados de la Guardia Nacional en la ciudad de Chicago, enviados para reprimir las protestas contra las redadas migratorias.
De igual manera pidió vetar permanentemente la movilización de fuerzas federales en el estado si el gobernador objeta la medida.
La medida del despliegue fue anunciada por la Casa Blanca bajo la justificación de los «disturbios» que ha estado enfrentando la ciudad y acusó a las autoridades locales de no tomar medidas para restaurar el orden.
Entre tanto, la jueza Aplil M. Perry evaluará el caso antes de tomar una decisión, al tiempo que fijó el próximo jueves una nueva audiencia sobre el tema.
El gobernador demócrata J.B. Pritzker comentó en la red social X que «Illinois no permitirá que la administración Trump continúe su marcha autoritaria sin oponer resistencia» agregando que usarían todo lo necesario para detenerlo «porque las tropas militares no deben utilizarse contra las comunidades estadounidenses.»
Esta intervención se enmarca en una estrategia federal más amplia que ha llevado tropas militares a otras ciudades como Washington y Memphis con el pretexto de enfrentar el crimen en ciudades que, según el mandatario republicano, presentan altos índices de criminalidad.
Sin embargo organizaciones sociales han denunciado que estos despliegues, en vez de enfrentar la seguridad, tiene como fin la represión contra migrantes y contra las protestas.
Los denunciantes por parte de Illinois alegan que las medidas adoptadas por la administración Trump son una amenaza para la seguridad pública.
También en Portland, la ciudad más poblada de Oregón, una jueza de distrito, Karin Immergut, dictó una orden de restricción temporal que impide al presidente desplegar la Guardia Nacional.
La magistrada argumentó que las autoridades de Oregón y la ciudad «probablemente ganarán su demanda» porque el presidente se habría excedido en su autoridad constitucional.
La jueza Immergut, designada por el propio Trump, advirtió que el mandatario parecía haber «federalizado» la Guardia Nacional de Oregón «sin autoridad constitucional», determinando además que las protestas en Portland «no suponían un ‘peligro de rebelión’».
La decisión judicial crea un panorama legal volátil, desafiando directamente la potestad del Ejecutivo para emplear tropas en ciudades que se oponen a sus políticas.