Moncloa blinda la figura del consorte presidencial
La Moncloa decidió ayer excluir a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, del anteproyecto de Ley de Administración Abierta que aprobó el Consejo de Ministros. La norma, según explicó el Ejecutivo, aumentará los requisitos de transparencia y obligará a publicar las agendas institucionales y viajes de los altos cargos y máximos responsables públicos.
Pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez no dará el paso de regular el papel que deben tener los cónyuges de los titulares de la jefatura del Gobierno al no ser estos funcionarios públicos y estar ya sometidos a «escrutinio público».
Fuentes del Ejecutivo asumen que dar ese paso sería admitir que Gómez, a un paso del banquillo por cinco supuestos delitos, habría hecho incurrido en prácticas, cuanto menos, de dudosa ética, puesto que será la Justicia la que determine si incurrió o no en algunos de los delitos por los que se le investiga.
El núcleo duro del Ejecutivo, para defender el derecho de la esposa de Pedro Sánchez a utilizar los recursos de la Presidencia del Gobierno, ha lanzado una ofensiva a los antecesores del líder socialista en el Gobierno.
Las fuentes consultadas en Moncloa replican que los expresidentes también pusieron a disposición de sus parejas asesores. Estas mismas fuentes, en conversación con LA RAZÓN, recuerdan la asistencia de cuidados que recibió el padre de Mariano Rajoy.
«Y es solo un ejemplo de los muchos que podemos poner», zanjan. Lo cierto es que la defensa de Gómez ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que solicite al Gobierno los datos y las funciones de anteriores asesores de las parejas de los presidentes.
El Ejecutivo sostiene que si el togado que instruye la causa conviene hacerlo, lo remitirá sin problema. Los socialistas critican que de todos los asesores que ha habido trabajando en Moncloa para la familia de los presidentes solo se conozca el nombre y apellidos de Cristina Álvarez, también investigada por Peinado.
«Toda la regulación [del anteproyecto] afecta a los cargos públicos, todas las normas que se hacen afectan a quien ostenta un cargo público o ya es cargo público. No está la regulación de esa figura en los planes. E insisto, todos los esfuerzos de reforzar la transparencia afectan a los cargos públicos y funcionarios administrativos», defendió ayer el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.
Lo cierto es que el PSOE ya se negó, cuando negoció con Sumar su plan de «acción por la democracia», a regular el papel de las cónyuges de los titulares de la Presidencia.
Los socialistas desecharon por completo esta posibilidad pese a que algunos socios de la coalición, como ERC, pidieron reglar la actividad de los familiares directos del presidente o presidenta del Ejecutivo para evitar, precisamente, que los jueces hicieran política.
Cabe recordar que el PNV ya espetó a Sánchez, cuando compareció el año pasado en el Congreso para avanzar el plan de marras, que «hay cosas que no se deben hacer» aunque «no las prohíba la ley». Todo un torpedo político a la línea de defensa de Begoña Gómez construida por el equipo de Moncloa, y que está basada en una supuesta conspiración de la derecha judicial, política y mediática, alimentada con bulos, para derribar a Sánchez y su mujer a cualquier precio.
En verdad, dicho marco normativo podría evitar, precisamente, situaciones como la que está viviendo el matrimonio Sánchez-Gómez. En cualquier caso, la actividad privada de la Moncloa no es de dominio público.
Y eso es una obviedad por mucho que la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, lleve meses repitiendo machaconamente que la agenda del presidente del Gobierno «nunca es secreta». Si bien es cierto que los detalles de las personas que acceden al palacio presidencial se anotan en un registro, este no es de libre acceso.
Y si trascendieron los encuentros del empresario Juan Carlos Barrabés con Begoña Gómez y con el propio presidente en Moncloa es porque lo comunicó él mismo en sede judicial, en respuesta a las cuestiones del togado encargado de la investigación. El Gobierno está decidido a emponzoñar aún más para defender a Begoña Gómez. Y no le tiembla el pulso para apuntar a los antecesores de la institución. El Gobierno sigue resistiendo.