La «trama de influencias» de Begoña Gómez que se relató al juez

La acusación popular del «caso Begoña Gómez», que lidera Hazte Oír, expuso ante el instructor en la vista del pasado lunes un resumen de más de 30 página sobre los hechos concretos con los que estiman que la mujer del presidente cometió los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En colaboración con su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y Juan Carlos Barrabés.

Esta parte ubicó el inicio de esta «trama de influencias» en cuando Gómez, tras llegar su marido al poder, «modifica totalmente su actividad profesional». Dos meses después de la moción de censura, entra en el Instituto de Empresa como directiva. Allí conoce, a través de una filial de Air Europa (Wakalua) a Barrabés, consolidándose sus «primeros contactos».

Seguidamente, como recordó la acusación que él mismo declaró, el empresario mantuvo varias reuniones en el complejo presidencial en la que Gómez le pidió que colaborase en el máster que fue germen de la cátedra de la Complutense. A partir de ahí, colaboró en ello como profesor, fue parte del claustro de expertos y aseguraron que, incluso, prestó instalaciones de sus empresas para actividades de la cátedra.

Según la acusación, la cátedra fue utilizada como «plataforma» por la mujer de Pedro Sánchez. Que contó siempre con la ayuda de Álvarez para la «captación de recursos económicos» para su actividad en la UCM y «canalizar relaciones con empresas y administraciones públicas». Así como para «el desarrollo» de la «plataforma digital» que se investiga si se apropió.

Entiende que la instrucción ha puesto de relieve que Gómez disfruto para la cátedra de «acceso privilegiado» a compañías para la «captación de fondos». Para la acusación lo explica «únicamente el prevalimiento de su condición de esposa del presidente».

El letrado Pérez-Roldán apuntó a que a cambio habrían logrado la posibilidad de colmar los intereses directos en el sector público. A modo de ejemplo expuso como unos hechos probados en la investigación que Reale Seguros entrase en el patrocinio de la cátedra, poniendo 60.000 euros fue gracias «a la intermediación personal» de David Sanza, «colaborador político y amigo» de Sánchez.

En cuanto a de Indra, apuntó a que sus directivos que acudieron como testigos reconocieron que hubo un encuentro entre la esposa de Sánchez y Marc Murtra, entonces presidente. Y uno de los testigos, incluso, admitió que «este tipo de trato no es habitual para entidades con las que se colabora mediante patrocinio».

Lo mismo ocurrió –sostuvo la acusación– con Telefónica. Se celebró una reunión en que se personó el «número dos» y el que era presidente, José María Álvarez-Pallete.

El abogado de la asociación estimó en 128.000 euros la inversión que estas dos últimas entidades hicieron para crear el programa informático.

Por otro lado, esta parte insistió en que a Barrabés le habría servido para obtener, entre 2020 y 2021, 11 contratos públicos por valor de 21 millones de euros. Y en dos, por más de 8 millones, que están en manos de Fiscalía Europea, habiéndose tenido en cuenta cartas de recomendación de Gómez.