Un nuevo aliado se suma a la defensa argentina en el litigio por YPF en EE.UU.
En medio de la apelación por el caso YPF, uno de los frentes judiciales más complejos que enfrenta el Gobierno argentino en el exterior, se sumó esta semana una novedad.
La noticia llegó desde Washington: por intermedio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el gobierno de Francia presentó una nota diplomática ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. En ella, el país europeo respalda la postura de la defensa argentina en su apelación contra la orden de la jueza Loretta Preska, quien había dispuesto la entrega de las acciones de YPF como parte de pago por la expropiación de la empresa.
En su escrito, al que tuvo acceso exclusivo El Cronista, fechado el 30 de septiembre y remitido por "cortesía diplomática", Francia sostiene que "el principio de soberanía territorial está firmemente establecido en el derecho internacional" y que "prohíbe que los jueces de un país ejecuten sus decisiones en el territorio de otro país". La nota cita el fallo Lotus de la Corte Permanente de Justicia Internacional de 1927, que establece que "la jurisdicción es ciertamente territorial y no puede ejercerse fuera del territorio de un Estado salvo por una norma permisiva".
Además, Francia advierte que la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de EE.UU. (FSIA) no puede aplicarse fuera del territorio estadounidense, y que sus cláusulas de excepción -como la ejecución de bienes utilizados en actividades comerciales- sólo rigen dentro de ese país. En consecuencia, los tribunales norteamericanos no tendrían competencia para ordenar la transferencia de activos soberanos ubicados en otro país.
La intervención francesa se suma al rol del propio Departamento de Justicia de EE.UU., que actúa como amicus curiae en el proceso y ya había manifestado reparos sobre el fallo de Preska. Según fuentes oficiales, Washington considera que la orden judicial "no tiene precedentes" y podría sentar un precedente peligroso para sus propios intereses en el exterior.
La defensa argentina, liderada por la Procuración del Tesoro, sostiene que la orden de Preska viola principios fundamentales del derecho internacional y de la legislación estadounidense. En su apelación, presentada ante la Cámara de Apelaciones, el país argumenta que:
YPF: una larga historia
El conflicto judicial se remonta a la estatización de YPF en 2012, cuando el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, impulsó la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera, que estaban en manos de la española Repsol y de la familia Eskenazi, a través de las firmas Petersen Energía y Petersen Inversora.
La operación, celebrada como un acto de soberanía energética, derivó en una compleja trama judicial. Los fondos Burford Capital y Eton Park adquirieron los derechos de litigio de los Eskenazi y demandaron a la Argentina en tribunales de Nueva York, alegando que el país no había cumplido con el estatuto de YPF, que obligaba a realizar una oferta pública de adquisición de acciones.
En septiembre de 2023, la jueza Preska falló en contra de la Argentina y ordenó el pago de más de 16.000 millones de dólares. Ante la negativa del país a cumplir con el fallo, la magistrada dispuso la entrega del paquete accionario estatal de YPF como forma de compensación.
La Cámara de Apelaciones suspendió esa entrega mientras se resuelve la apelación. El 29 de octubre, tras las elecciones legislativas, se espera una audiencia clave en la que se presentarán los argumentos orales de ambas partes. Ese mismo día, también se tratará el pedido de los fondos para reincorporar a YPF como parte demandada en el juicio.
En este contexto, el respaldo diplomático de Francia representa un gesto de peso en la arena internacional. No sólo refuerza la posición argentina, sino que también pone en evidencia la preocupación de otros Estados por las implicancias del fallo de Preska en materia de soberanía y derecho internacional.