Suben a 17 las denuncias recogidas por la Ertzaintza por posible violencia sexual en los campamentos de Euskal Udalekuak
Según el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, una de ellas podría estar relacionada con una "agresión sexual" como tal y el resto serían de casos de coacciones o exhibicionismo
Gobierno vasco y diputaciones crean una mesa de "coordinación" por los posibles "errores" en el campamento de Bernedo
El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha indicado en Euskadi Irratia que ascienden ya a 17 las denuncias recogidas en comisarías de la Ertzaintza por supuestas prácticas de violencia sexual contra menores de edad en los campamentos de verano de la entidad Euskal Udalekuak, principalmente en los de Bernedo, en Álava, pero también en las dos localizaciones en Navarra, Abaigar y Goñi. Son cinco más las que se han acumulado en lo que va de semana y hay otros casos de familias que se han dirigido a la Policía sin terminar de formalizar una denuncia.
Por el momento, siempre según Zupiria, únicamente consta que uno de esos casos denunciados pueda recibir la consideración de “agresión sexual” como tal. El resto de hechos comunicados podrían encajar con prácticas de “exhibicionismo” o “coacciones”, aunque la investigación está en una fase muy inicial. Los responsables del campamento han negado tajantemente estas acusaciones y afirman que defienden un modelo “feminista” que “desexualiza” los cuerpos desnudos, lo que implica duchas mixtas y otras prácticas no convencionales. Igualmente, un número más elevado de familias ha firmado una carta de apoyo a este tipo de colonias.
Euskal Udalekuak es una entidad privada que organiza tres campamentos cada verano, uno en Álava y dos en Navarra. Los casos denunciados no son solamente de este 2025. De hecho, un juzgado tenía encima de la mesa un informe inicial de la Ertzaintza en primavera y no abrió diligencias hasta que estallaron las quejas por lo sucedido este año. El consejero Zupiria ha vuelto a pedir prudencia en torno a este asunto pero sí ha indicado que las familias tienen “derecho” a conocer el modelo de una actividad a la que envían a pernoctar a menores de edad, que siempre merecen “protección especial”.
Estos campamentos no tenían ninguna relación con el catálogo público de actividades, habitualmente coordinado por las Diputaciones. La normativa autonómica de Juventud de 2022 sí obliga a su comunicación y al cumplimiento de unos requisitos mínimos, pero no consta que eso se produjera. Gobierno y diputaciones han creado una mesa para analizar posibles errores en torno a este caso.