El Poder Judicial confirma que no anulará los acuerdos que decretaron la expulsión de Baltasar Garzón como juez

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha confirmado que el órgano no anulará los acuerdos que decretaron en 2012 la expulsión de Baltasar Garzón de la carrera judicial tras su inhabilitación por las escuchas ilegales a la Gürtel. Los vocales han ratificado la decisión de la Comisión Permanente y han acordado por mayoría inadmitir la solicitud del exjuez, que busca un regreso simbólico a la carrera judicial apoyado en el dictamen del comité de Derechos Humanos de la ONU que concluyó en 2021 que fue condenado en un “proceso arbitrario”. El pleno ha considerado la “carencia manifiesta de fundamento” de la petición formulada por Garzón, según ha informado el órgano en un comunicado.

El exjuez de la Audiencia Nacional reclamó que se dejaran sin efecto los acuerdos del CGPJ que supusieron la pérdida definitiva de su cargo de magistrado. Su escrito apelaba al citado dictamen de Naciones Unidas, que dio por hecho que el proceso judicial que acabó con su carrera no garantizó la imparcialidad de los magistrados que lo juzgaron y criticó que fuese privado de una segunda instancia ante la que poder recurrir. Además, instó a que el Estado español le proporcionase una “reparación integral” y se borraran sus antecedentes.

Ante el CGPJ, la defensa de Garzón invocó una sentencia del Tribunal Supremo del pasado mayo que estableció que este tipo de dictámenes “no son irrelevantes jurídicamente” y que reclamaciones como la realizada por Garzón pueden servir para reparar las “lesiones de derechos fundamentales” evidenciadas en esas resoluciones. La mayoría del órgano considera, sin embargo, que mientras la sentencia que condenó a Garzón no sea revisada o de cualquier otra forma declarada nula, es una sentencia válida cuyo cumplimiento para el CGPJ viene obligado por el artículo 118 de la Constitución Española. Dos vocales han votado a favor de admitir la petición del exjuez, de acuerdo a las fuentes consultadas por elDiario.es. Uno de ellos es el vocal Carlos Hugo Preciado, elegido a iniciativa de Sumar.

Tres procedimientos

Garzón se convirtió en 2012 en el primer condenado por la trama Gürtel, el caso que él mismo había destapado en su puesto de titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional y que, a la postre, acabó provocando la moción de censura que desalojó al Partido Popular de la Moncloa en 2018. Durante la última década también ha llevado sobre sus espaldas el peso de una condena por el delito más grave que puede cometer un juez, el de prevaricación. Aquella fue una actuación controvertida que le hizo perder incluso el favor de juristas de ámbito progresista.

La sentencia, de gran dureza, le acusó de “totalitario” y de actuar “prescindiendo de todos los métodos de interpretación admisibles en derecho” por haber autorizado la intervención de las comunicaciones de los cabecillas de la trama con sus abogados en la cárcel a pesar de que no había “indicios concretos de una posible actuación delictiva” por parte de algunos de esos letrados. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazaron los recursos contra su condena.

No fue el único procedimiento al que se enfrentó. En 20 meses frenéticos el entonces juez afrontó la apertura de otras dos causas contra él en el Supremo. De hecho, la suspensión cautelar de sus funciones de juez se remonta a mayo de 2010, cuando el alto tribunal le abrió juicio oral por presunta prevaricación al declararse competente para investigar las atrocidades del franquismo. Finalmente, resultó absuelto. Una mayoría de magistrados entendió que se había equivocado al calificar esos hechos como crímenes contra la humanidad, pero que no prevaricó.

Solventados ya los juicios de las escuchas y el franquismo, a Garzón le quedaba todavía el tercero de los frentes que el Supremo había abierto contra él: el de la petición de financiación para dos cursos en la Universidad de Nueva York durante una excedencia de la Audiencia Nacional entre 2005 y 2006.

Tras una instrucción de dos años —en la que incluso salieron a la luz las cuentas personales de algunos de sus familiares—, el juez Manuel Marchena acordó archivar el procedimiento por prescripción solo cuatro días después de la condena de inhabilitación por las escuchas a la Gürtel. El centro universitario siempre negó que Garzón fuera beneficiario directo de esos fondos que Marchena cifró en 1,2 millones de dólares. En 2012, Garzón abrió un bufete y ejerce como abogado.