Aagesen dará más tiempo para ejecutar más de 1.300 millones en fondos europeos para energía

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico prepara una ampliación del plazo de ejecución de 14 programas de ayudas del Plan de Recuperación por importe de más de 1.300 millones de euros que ya están comprometidos y debían ejecutarse entre diciembre de este año y junio de 2026.

El departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha publicado este miércoles un proyecto de Orden Ministerial por el que se modifican las bases reguladoras de varios programas de ayudas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que Bruselas anunció en 2020, tras la sacudida de la pandemia. Para esa ampliación del plazo, Transición Ecológica se ampara en una Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y el Consejo del pasado 4 de junio que abría la puerta a un aplazamiento en la ejecución de esas ayudas.

La propuesta de Transición Ecológica estará abierta a comentarios hasta el próximo 14 de octubre y supone ampliar el plazo para la ejecución de proyectos energéticos relacionados con repotenciación de eólica, energía eólica marina, almacenamiento, hibridación, geotermia, redes de calor y frío, biogás, bombeo reversible, dinamización de comunidades energéticas o nuevos modelos de negocio. Los proyectos adjudicados que se van a beneficiar de ese aplazamiento suman 1.322 millones, entre los que destacan 162 millones a repotenciación circular, casi 155 millones para almacenamiento, 150 millones para hibridación, o 133 millones a renovables marinas.

Como norma general, se amplía el plazo para la ejecución de los proyectos hasta el 31 de diciembre de 2028, un año y medio más sobre la fecha límite para los proyectos que tenían fecha de ejecución hasta 30 de junio de 2026, y dos años más para aquellos que tenían fecha de ejecución hasta diciembre de 2025. Sin embargo, en el caso de renovables marinas y geotermia, se da de plazo hasta 2030, por la mayor complejidad de estos proyectos. Para las líneas en las que se van a sacar nuevas convocatorias, éstas también tendrán 2030 como fecha límite. En almacenamiento con bombeos hidroeléctricos, el plazo se amplía hasta 2032. 

Mensaje al mercado

Con esta Orden Ministerial, el Gobierno lanza un mensaje al mercado y en especial a aquellos agentes que se habían planteado renunciar a las ayudas por ver imposible el cumplimiento de los plazos.

La Propuesta también incluye algunas modificaciones técnicas en las bases reguladoras para mejorar su adaptación a la demanda: con el objetivo de “aclarar determinados aspectos de los actuales textos relativos a las garantías de participación o requisitos técnicos, a la documentación acreditativa de la finalización de las actuaciones, aclaraciones procedimentales, así como incluir definiciones o la revisión de los criterios de valoración para facilitar el proceso de evaluación”, explica el ministerio.

Como explica Transición Ecológica, “para asegurar la absorción de los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”, Bruselas propuso establecer “un instrumento gestionado de forma independiente para incentivar la inversión privada” en forma de “regímenes de subvenciones” o “esquema de ayudas”. 

Y la ejecución de las ayudas se consideraría alcanzada en agosto de 2026 “si para esa fecha se han establecido dichos instrumentos de convocatorias de ayudas y se han resuelto y concedido las ayudas, dejando la ejecución material de los proyectos para fechas posteriores”. En este caso ese instrumento intermedio es el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito al ministerio.

“El objetivo principal de esta orden ministerial es adaptar las bases reguladoras de programas de ayudas ya publicados a los nuevos requerimientos” que exige su inclusión en un “esquema de ayudas”, explica Transición Ecológica.

La Propuesta de orden ministerial responde a la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de 4 de junio de 2025 “NextGenerationEU – Camino a 2026” abrió la puerta a la ampliación de los plazos del Plan de Recuperación, cuyos principales beneficiarios fueron Italia y España, unos meses después de que el Tribunal de Cuentas Europeo advirtiera de que la UE corría el riesgo de no llegar a tiempo para invertir los 723.800 millones que Bruselas puso a disposición de los Estados Miembros en plena pandemia.

La Comunicación de la Comisión en la que se ampara el ministerio instaba a los Estados miembros a “revisar exhaustivamente” sus planes “lo antes posible para garantizar que todos los hitos y objetivos puedan ejecutarse antes del plazo del 31 de agosto de 2026”. Entonces quedaban por desembolsar a escala europea “unos 335.000 millones”, de los que aproximadamente 154.000 millones eran subvenciones y 180.000 millones, préstamos.