El exlíder municipal del PP en Barcelona Alberto Fernández Díaz, presidente de la entidad Barcino5G, ha presentado 41 alegaciones en el trámite de información pública de la nueva Ordenanza de Civismo o de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público. Su propósito, endurecer el texto y garantizar la impunidad cero contra el infractor. Alberto Fernández ha manifestado que «quien no respeta la ciudad de acogida no puede aspirar a beneficiarse derechos si incumple con sus obligaciones». En este sentido, y entre las alegaciones presentadas, está la de demostrar un permanencia continuada y legal de diez años en la ciudad para poder acceder a un piso de protección. «Debe exigirse un 'arraigo cívico' en acceso a la vivienda», apunta. «El Ayuntamiento promoverá los cambios normativos en un plazo no superior de seis meses que posibiliten la restricción al acceso a la vivienda pública a aquellos ciudadanos que no acrediten su arraigo y civismo. Este ' arraigo cívico ' exigible viene determinado por una residencia legal y continuada de al menos diez años en el municipio sin constar sanciones firmes por incivismo en los tres últimos años a su solicitud de vivienda ni deudas pendientes con el consistorio», apunta la entidad. Otra de las propuesta es que el cumplimiento de la Ordenanza sea requisito para el acceso a servicios. «Los infractores de la norma no podrán beneficiarse de la prestación de servicios municipales no básicos -piscina o gimnasio y ciertas actividades culturales o deportivas- o de informes que faciliten su acceso a vivienda social, nacional o no, o los extranjeros a los permisos de trabajo y residencia», apunta Fernández. Otra de las alegaciones pide mantener en su integridad el redactado vigente de la Ordenanza actual de manera que «los padres o madres, tutores o tutoras, guardadores y guardadoras podrán ser considerados responsables de las infracciones cometidas por los menores ». De igual modo, «el Ayuntamiento ha de disponer de los efectivos necesarios de Guardia Urbana, aprobar un nítido nomenclátor de infracciones y un aplicable Catálogo o relación de prestaciones alternativas a la sanción económica y de trabajos en beneficios de la comunidad y garantizar el funcionamiento pleno de los servicios municipales, en particular, los sociales y de limpieza, entre otros». También: «El Ayuntamiento promoverá campañas de información y pondrá en valor como cuestión cívica y de convivencia, en los extranjeros en su obligada entrada y permanencia legal en nuestro país y de respeto a nuestros principios y normas de convivencia básicas sin que nadie pueda apelar a su origen, cultura o religión para infringirlas». Barcino 5G pide también «dar respaldo económico y jurídico a las personas o entidades perjudicadas por actos incívicos (...) y se constituirá en acusación particular en aquellos de especial gravedad que conlleven responsabilidad penal y o alarma ciudadana». En relación a la ocupación del espacio público, «el Ayuntamiento velará, cuando el número de participantes de estas expresiones sea reducido, para que se desarrolle en las aceras sin precisar de serlo en la calzada que conlleva perturbaciones en el tráfico de la ciudad». En cuanto a vestimenta, prohíbe «el burka o cualquier uso de prendas, Nikab o velo, capuchas, pasamontañas o bragas de cuello y otras que cubran íntegramente la cabeza o el rostro se prohíben en el espacio público y, muy especialmente, en aglomeraciones, celebración de eventos, mercados, recintos deportivos , playas, parques u cualesquier otro con afluencia notoria por razones añadidas de seguridad o, en su caso, en aras de la defensa de la dignidad de la mujer». Se propone también incorporar como comportamiento incívico por no respetuoso «la burla a las creencias religiosas , de sentimiento de pertenencia, o a instituciones como la Casa Real o a las banderas oficiales». Las alegaciones proponen prohibir expresamente «la mendicidad, las personas limpiaparabrisas y aparcacoches privados de la calzada«. Cuando la mendicidad, sea ejercida por persona vulnerable, cabe adicionar que «los agentes intervinientes deberán solicitar de inmediato la intervención de los servicios sociales y o de salud mental». La entidad pide también prohibir «el consumo y tenencia de drogas y sustancias estupefacientes en la vía y lugares públicos constituyendo circunstancias agravantes de esta conducta a efectos sancionadores el producirse el consumo en lugares públicos con elevada concurrencia de personas, presencia de menores, y en la proximidad o inmediatez a los accesos de equipamientos culturales, deportivos, docentes o de servicios socio sanitarios. Resulta poco razonable o incongruente que conductas como el consumo de alcohol que ya se prevén en las leyes estén recogidas en la ordenanza y el de drogas no». En cuanto al pago de multas, se aboga por reducir el descuento de la sanción por pago inmediato, en adelante será contemplada del 50%, hasta ahora era del 75% y se incorporaría que esta rebaja podría ser del 75% en aquellas infracciones leves, cuando el infractor lo sea ocasional, es decir, no haya sido sancionado por incumplimiento de la Ordenanza en los últimos cinco años previos a la fecha de la denuncia motivadora del expediente. Por lo que respecta a la estructura legal, «se debiera haber optado por una nueva Ordenanza, un texto refundido y único, no una mera modificación, que regulara e incorporara las distintas Ordenanzas y disposiciones municipales vinculadas al civismo existentes (por ejemplo, en la conducción de patinetes o VMP, la tenencia de animales, los ruidos y olores, etc.). Permitiría una mayor comprensión y alcance de la norma para el administrado y una más segura y efectiva aplicación para quienes deben aplicar y hacerla cumplir».
