Un intento de golpe de Estado agrava la crisis política de Madagascar
La crisis de Madagascar por las protestas antigubernamentales se agravó este domingo cuando la Presidencia malgache denunció un intento de golpe de Estado, y una unidad militar insurrecta que apoya a los manifestantes aseguró haber tomado el control de las Fuerzas Armadas.
"La Presidencia de la República desea informar a la nación y a la comunidad internacional de que se ha iniciado sobre el territorio nacional un intento ilegal y por la fuerza de tomar el poder, contrario a la Constitución y a los principios democráticos", señaló un comunicado difundido en la red social Facebook esta mañana.
El presidente malgache, Andry Rajoelina, ya denunció la pasada semana un presunto intento de golpe de Estado por las protestas, pero esta advertencia se produjo después de que militares hicieran un llamamiento este sábado a "desobedecer" órdenes de disparar contra la población de este país insular del sudeste de África.
Esos soldados forman parte del Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT), que controla la logística del Ejército y tiene su sede en Soanierana, a las afueras de la capital, Antananarivo.
Esta unidad participó en 2009 en un golpe de Estado que derrocó al entonces presidente, Marc Ravalomanana, y permitió llegar por primera vez al poder a Rajoelina.
Después de esa muestra de solidaridad con las movilizaciones, que empezaron el pasado 25 de septiembre, grupos de militares montados en sus tanques se unieron el sábado a miles de manifestantes en Antananarivo.
Este domingo, poco después del aviso lanzado por la Presidencia, los militares del CAPSAT se hicieron oír de nuevo.
"A partir de ahora, todas las órdenes del Ejército malgache, ya sean terrestres, aéreas o militares, emanarán del cuartel general del CAPSAT", afirmaron los soldados en un vídeo.
También la Gendarmería, un cuerpo militar encargado de la seguridad interna del país al que se atribuye la represión más dura de las protestas, rompió su silencio durante la jornada, pidiendo "perdón" por los excesos cometidos, sin aclarar si seguía siendo leal a la Presidencia.
Avanzado el día, el ministro de Defensa malgache y jefe del Estado Mayor saliente, general Manantsoa Deramasinjaka Rakotoarivelo, aceptó a su sucesor al frente de las Fuerzas Armadas, general Démosthène Pikulas, designado por los soldados insurrectos.
El ministro avaló el traspaso del cargo días después de ser nombrado como miembro del Gobierno, tras la disolución la pasada semana del Ejecutivo por parte del presidente.
Tras los anuncios hechos por los diferentes cuerpos de seguridad -a los que se unió también la Policía al declararse a favor del diálogo-, este domingo fue el primer día desde el inicio de las protestas en que los manifestantes pudieron salir a las calles sin ser recibidos por los gases lacrimógenos y la munición de los agentes.
Alrededor de un millar de personas se reunieron en la emblemática Plaza del 13 de Mayo, en el centro de la capital, en una concentración a la que asistieron líderes religiosos y militares.
Los acontecimientos del domingo generaron reacciones internacionales, como la del presidente de la Comisión (secretariado) de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf, quien expresó en un comunicado su "honda preocupación" y pidió "soluciones pacíficas".
También reaccionó Sudáfrica, país que comparte con Madagascar membresía de la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC), pidiendo que se respete el orden constitucional en la nación insular.
Manifestaron similar inquietud otros países insulares del sudeste de África como Comoras y Mauricio.
Asimismo, la aerolínea francesa Air France anunció la suspensión de sus vuelos entre París y Antananarivo por "razones de seguridad".
Mientras, se desconoce en qué situación se encuentra Rajoelina, presidente, aunque la Presidencia desmintió el sábado por la noche que el jefe de Estado, que tiene nacionalidad francesa y malgache, hubiera abandonado el país.
Aunque inicialmente surgieron para protestar contra los constantes cortes de agua y electricidad, las movilizaciones, impulsadas por los jóvenes de la generación Z, se han tornado antigubernamentales y exigen ahora la dimisión del presidente, cuya propuesta de diálogo nacional fue rechazada por los organizadores.
Las marchas no han cesado a pesar de la fuerte represión de las fuerzas de seguridad. El pasado 29 de septiembre, la ONU cifró en al menos 22 los muertos y en un centenar los heridos, mientras fuentes médicas confirmaron a EFE este sábado que recibieron 26 heridos durante la jornada.
Asimismo, familiares y el Ejército confirmaron, respectivamente, la muerte por disparos de un manifestante y un militar este sábado.
Inspiradas en movilizaciones juveniles recientes en países como Kenia y Nepal, estas protestas son las peores que vive la isla del océano Índico en años y el mayor desafío que afronta Rajoelina desde su reelección en 2023.