Joven encarcelado en marcha de Generación Z y chofer que cobró a policía se suman al paro nacional del 15 de octubre
Ante el incremento de extorsiones, no solo a transportistas, sino ahora también a reconocidas agrupaciones de cumbia, diversos gremios y sectores han anunciado un nuevo paro para este 15 de octubre para exigir medidas urgentes contra las bandas criminales y en rechazo a la corrupción y el Estado peruano.
En este contexto, Samuel Rodríguez, joven encarcelado tras participar en una marcha de la Generación Z, y José Villafuerte, conductor detenido durante 28 horas por cobrar pasaje a un policía, confirmaron su participación en la protesta, para solicitar al Gobierno acciones inmediatas contra este problema.
A esta movilización, conocida como la "Gran Marcha Nacional", se sumarán jóvenes de la Generación Z y el bloque universitario, conformado por estudiantes de universidades como San Marcos, Villarreal, la Agraria y la PUCP.
Por su parte, Villafuerte, quien fue detenido durante 28 horas en la comisaría tras cobrar dos soles de pasaje a una suboficial de la Policía Nacional, anunció que apoyará esta medida porque está cansado de que las empresas de transporte paguen cupos a diario y de forma mensual, no solo a una, sino a varias bandas criminales.
Sostuvo que, debido a esta situación, muchos de sus compañeros salen a trabajar con miedo, sin saber si regresarán a casa con sus familias. Asimismo, señaló que, si bien es cierto que las extorsiones siempre han existido, este año se han intensificado, al igual que los ataques contra su sector, ante la inacción del Gobierno.
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“Nosotros no podemos seguir trabajando con miedo mientras las autoridades no hacen nada. Las extorsiones y amenazas ya no nos dejan vivir en paz. Por eso hay que unirnos todos a esta marcha. La unión hace la fuerza”, señaló a La República.
Y es que ante el aumento de extorsiones se ha registrado más de 80 asesinatos contra conductores de transporte público y de carga, solo en Lima y Callao, lo que han generado un clima de terror entre los trabajadores del sector.
La preocupación y el malestar se intensificaron luego del ataque armado contra la orquesta Agua Marina en Chorrillos, que dejó cuatro personas heridas y evidenció la creciente incapacidad del Estado para controlar la violencia generada por el crimen organizado.