Un negocio fenomenal
El aseguramiento de grandes cantidades de combustible de contrabando durante los últimos meses ha dejado al descubierto la fragilidad del sistema político mexicano y la vulnerabilidad institucional ante las tentaciones que ofrece cotidianamente la actividad criminal.
Es bien sabido que no sería posible el crecimiento exponencial continuado de cualquier empresa criminal si esta no tuviera anclajes en las esferas oficiales de poder, ya sea político o económico, que le brindaran una razonable certeza de protección, cobertura e impunidad.
La cifra descomunal del contrabando al que nos referimos, según las declaraciones de la procuradora Fiscal de la Federación, podría ascender a los seiscientos mil millones de pesos de daño al erario, lo que haría palidecer a cualquier otro fraude a la nación como la estafa maestra o el de Segalmex, con la peculiaridad de que en estos casos no se advierte la participación del crimen organizado y sí en el del llamado huachicol fiscal, en donde se fusionan, de manera estructurada, servidores públicos, delincuencia organizada, entidades financieras y personajes del sector empresarial, incluidos extranjeros, en una compleja red delincuencial de muy altos vuelos.
Lo explosivo del caso, dada la magnitud estimada del daño, parte del legado de la anterior administración, adquiere aún mayor relevancia en virtud de las implicaciones que podrían irse descubriendo conforme avancen las investigaciones y que, indefectiblemente, colocan al gobierno actual ante la disyuntiva de su tratamiento, de cómo y hasta dónde actuar.
Aunque desde la máxima tribuna se ha asegurado que se atenderá el asunto con firmeza y se llegará hasta las últimas consecuencias, las señales son elocuentes en un sentido diverso, lo que mueve a la suspicacia social; tal es el caso de la exoneración pública e inmediata del tío de los marinos presumiblemente involucrados, en cuanto se destapó el tema o, por otro lado, la evidente cobertura que se ha dado al exsecretario de Gobernación frente a los señalamientos de su probable responsabilidad en la gestación y operación de un grupo delictivo en el sureste del país bajo el mando del entonces secretario de Seguridad estatal.
Es temprano aún para definir el rumbo que seguirán las investigaciones que realiza el gabinete de seguridad, pero debe tomarse en cuenta que el tema es también del interés del gobierno norteamericano y ello introduce un factor determinante en la relación bilateral que, por su naturaleza, constituye un elemento más de presión para la actual administración.
Quizá podamos observar la evolución del asunto con mayor precisión con las declaraciones vertidas desde la Casa Blanca que con la información ofrecida de manera doméstica.