Carlos Lucero Paz asume como presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia

Carlos Rodemiro Lucero Paz, magistrado vocal I de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), asumió la presidencia en funciones del Organismo Judicial el 12 de octubre de 2025, luego de que el pleno de magistrados no lograra alcanzar un consenso para elegir al nuevo presidente titular dentro del plazo legal establecido.

Qué destacar. La sesión, convocada a las 18:30 horas de domingo, conforme a los artículos 214 y 215 de la Constitución Política de la República y el artículo 75 de la Ley del Organismo Judicial, concluyó sin propuestas formales.

• Ello activó el mecanismo constitucional de sucesión interina.
• Tras un receso y la reanudación de la sesión a las 23:30 horas, el entonces presidente Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado entregó el cargo, cumpliendo con el mandato legal.
• Por unanimidad, se cerró la sesión y se oficializó que Lucero Paz asumiera la presidencia temporal, tal como lo establece la normativa vigente en casos de falta de elección.

Cómo funciona. En Guatemala, cuando los magistrados de la CSJ no logran elegir a un presidente en el plazo estipulado, el cargo es asumido de forma interina por el magistrado que ocupa la vocalía I.

• Aunque esta figura no cuenta con un mandato completo, su rol es fundamental para evitar una acefalía institucional y asegurar el funcionamiento administrativo y jurisdiccional del Organismo Judicial.
• La situación actual no es inédita. En octubre de 2024, Lucero Paz también asumió temporalmente la presidencia ante la falta de consenso, hasta que finalmente fue electo Cifuentes Maldonado.
• Este patrón revela las dificultades recurrentes en los procesos de elección interna, marcados por negociaciones prolongadas y tensiones entre distintos bloques de magistrados.

Lo que sigue. Por estas situaciones, la Corte de Constitucionalidad (CC) ha intervenido en ocasiones anteriores para establecer plazos concretos que obliguen a los magistrados de la CSJ a alcanzar acuerdos.

• Esta medida busca evitar que la interinidad se prolongue indefinidamente y garantizar la estabilidad institucional del Organismo Judicial.
• La presidencia interina no detiene el proceso de elección. Los magistrados deben continuar reuniéndose y negociando hasta alcanzar los votos necesarios para nombrar al presidente titular.
• Mientras tanto, Lucero Paz tiene la responsabilidad de mantener la operatividad del sistema judicial, garantizar la coordinación entre salas y velar por el cumplimiento de las funciones esenciales del organismo.

Por qué importa. Detrás de la elección presidencial se esconden intereses internos y externos que buscan influir en el resultado, procurando una presidencia que se acomode a sus agendas particulares.

• La importancia de la presidencia de la CSJ va más allá de la administración interna del Organismo Judicial.
• Quien ocupe ese cargo tendrá incidencia directa en procesos clave para el sistema de justicia y la democracia guatemalteca, como la elección del próximo fiscal general, la integración de la Corte de Constitucionalidad y la conformación del Tribunal Supremo Electoral.
• Estas tres entidades son pilares institucionales que definen el rumbo del país en materia de justicia, legalidad y procesos electorales. Por ello, la elección del presidente de la CSJ se convierte en un punto de interés estratégico para diversos sectores, desde actores políticos hasta grupos económicos y organismos internacionales.

En conclusión. Por este contexto, organizaciones de la sociedad civil y observadores internacionales han llamado a garantizar un proceso transparente, libre de presiones indebidas y enfocado en fortalecer la independencia judicial.

• La ciudadanía también se mantiene atenta, consciente de que las decisiones tomadas en el seno de la CSJ repercuten directamente en la calidad de la justicia y en la estabilidad democrática del país.
• Mientras se define el futuro de la presidencia titular, Lucero Paz deberá ejercer con prudencia y firmeza, asegurando que el Organismo Judicial continúe operando con normalidad y que el proceso de elección avance hacia una resolución legítima y consensuada.
• La institucionalidad está en juego, y con ella, la confianza pública en el sistema de justicia guatemalteco.