La Fiscalía ve "determinante" que la "fontanera" del PSOE actuase "en nombre de altas instancias del Estado"
El juez que investiga las supuestas maniobras de la «fontanera» del PSOE para desprestigiar a la Unidad Central Operativa (UCO) y la Fiscalía Anticorrupción y tumbar así las causas que inquietan a Ferraz ve en los hechos «que lidera» Leire Díez «una misma actuación delictiva continuada y coordinada». Así lo pone de manifiesto el magistrado Arturo Zamarriego en la resolución del pasado día 7 en la que, tras aceptar el recurso de la Fiscalía, acepta acumular en un mismo procedimiento las denuncias de Hazte Oír, del fiscal Anticorrupción José Grinda y del exfiscal Ignacio Stampa sobre presuntas ofertas de soborno para desbaratar las causas incómodas para el PSOE y el entorno de Sánchez.
En ese recurso, la Fiscalía llama la atención sobre un hecho que considera «determinante». Y no es otro que la «fuerza principal» de esos presumibles sobornos, y lo que «les da credibilidad», es «la supuesta apariencia» que Leire Díez «consiguió crear» de que ella «habla en nombre de altas instancias del Estado».
El fiscal Juan Pablo Nieto alertaba al instructor de que «la actividad continuidad de los investigados» (además de Laura Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol) «obedecería a un único objetivo y la mecánica del cohecho es exactamente la misma».
"Un mismo objetivo"
«El patrón de actuación» coincide, según el fiscal: «Recabar información comprometida o irregular de los mandos de la UCO y Fiscalía Anticorrupción a cambio de favores procesales o profesionales fundamentalmente». En esa estrategia sitúa tres reuniones «con un mismo objetivo». La primera, la que dio lugar a la denuncia de Hazte Oír, en una fecha sin determinar del pasado febrero (que desvelaron unos audios publicados por «El Confidencial»). En esa cita la «fontanera» del PSOE intentó convencer al empresario Alejandro Hamlyn (acusado por un supuesto fraude en el sector de hidrocarburos) de que le facilitase «información negativa» sobre Antonio Balas, jefe de la unidad de delincuencia económica de la UCO a cambio de «favores procesales supuestamente respaldados por altas instancias de la Administración».
La segunda reunión –recuerda el fiscal– se produce el 27 de febrero, cuando Rusiñol la traslada al fiscal Grinda «una oferta de ventajas profesionales y económicas» a cambio de que facilitara información «que perjudique» al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, «citando como valedora de este acuerdo a Leire Díez».
"Denigrar" a la UCO y Anticorrupción
La tercera, el 7 de mayo, tiene lugar en un despacho de Madrid, en el que Díez y Pérez Dolset ofrecen a Stampa «compensaciones por unos pleitos pendientes en relación a su destino en la Fiscalía Anticorrupción» a cambio de su ayuda para que aflorasen «irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción». Tanto Grinda como Stampa denunciaron inmediatamente los hechos.
Se trataba, apuntó la Fiscalía, de «denigrar» a la UCO y a Anticorrupción «provocando así nulidades y descrédito de los investigadores» en causas que les interesaban. En esa misma línea, Zamarriego apunta que buscaban «recabar información comprometida o irregular de los mandos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción» para así «anular o malbaratar» investigaciones de «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».