Ábalos pide al juez del 'caso Koldo' que notifique al Congreso "todas" las resoluciones que le afecten
El exministro de Transportes y diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, ha solicitado al instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que notifique al Congreso "todas" las resoluciones que le afecten "personalmente". Así lo hace su nuevo abogado, el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, en un escrito dirigido al Supremo y al que ha tenido acceso Europa Press.
La defensa de Ábalos señala que "la comunicación formal al Congreso permite que este órgano constitucional vele por la integridad del derecho de representación" recogido en la Constitución, así como que se "evite la alteración indebida de la composición de la Cámara, proteja la libertad e independencia de sus miembros, así se asegure del debido cumplimiento de sus resoluciones".
Al respecto, incide en que el Reglamento del Congreso establece que tiene que advertir a la autoridad judicial "de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado o diputada".
Lo que "sólo puede interpretarse", añade, "como una garantía de la inmunidad parlamentaria y del correcto cumplimiento por parte de la autoridad judicial de los límites fácticos de la autorización concedida".
Para Ábalos, ello es "en defensa, no ya de la concreta persona sobre la cual el suplicatorio fue otorgado, sino de la integridad de la Cámara, de su correcto funcionamiento y del principio de separación de poderes, frente a investigaciones que se aparten de la senda fijada por el suplicatorio y amplíen indebidamente los límites de la investigación frente al diputado o diputada en cuestión".
Fuentes jurídicas aseguran que desde el Supremo se ha comunicado al Congreso todo lo que tenía que ver con la situación personal de Ábalos, esto es, sobre la adopción de medidas cautelares, incluida la ratificación de las mismas acordadas el pasado 15 de octubre, tal y como se precisa en el propio auto.
El exministro decidió cambiar de abogado y de estrategia para su última declaración, en la que se acogió por primera vez al derecho a no declarar, por lo que no respondió a los "ingresos irregulares" de origen desconocido detectados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la investigación sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.