En septiembre de 2024, la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció la puesta en marcha del Plan 40/40, por el que se construirían 40 residencias de mayores en otros tantos municipios, mediante la colaboración público-privada: los ayuntamientos cederían el suelo y los privados construirían sobre él la instalación y la gestionarían. Ya hay suelos para 13 de estas , todas en la capital, y en el resto de la región, la Comunidad de Madrid cuenta con la colaboración de 90 alcaldes. Pero los seis grandes municipios madrileños gobernados por el PSOE no han querido participar. Por eso, ayer la consejera de Familia, Ana Dávila, le remitió a estos seis regidores una carta instándoles a reconsiderar su postura y participar en el plan, por el bien de sus vecinos. El Plan 40/40 va a arrancar en el barrio de Las Rosas, en San Blas-Canillejas, donde la parcela ya está formalmente cedida. Y hay otras en Carabanchel, Barajas, Hortaleza, Moratalaz, Usera, Villaverde, Latina, Vicálvaro, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Fuencarral-El Pardo y Moncloa-Aravaca. Fuera de la capital, se ha contado con 91 alcaldes interesados, que han ofrecido 123 parcelas. Pero no los de las grandes urbes gobernadas por el PSOE. La consejera Ana Dávila les remitió ayer una carta en la que les pide que reconsideren su postura porque «esto no va de ideologías, sino de pensar en los mayores y sus familias». Los alcaldes son los de Fuenlabrada, Parla, Coslada, San Fernando de Henares, Getafe y Alcorcón. Opina Dávila que «no es excusa» para rechazar el plan que no acepten el método de colaboración público-privada, porque «en sus municipios los usan para servicios sociales». Por ejemplo, para atención a domicilio, teleasistencia avanzada, residencias municipales, centros de día o actividades de mayores existe esa externalización en varios de estos ayuntamientos, afirma. Desde Fuenlabrada, el alcalde Javier Ayala respondió a la consejera ayer mismo con otra misiva, en la que le recordaba que al saber del plan, en febrero, desde su ayuntamiento se le plantearon algunas cuestiones sobre este, «como no puede ser de otro modo» ante «la cesión de un bien público municipal por un periodo largo de tiempo»: preguntaban cuántas plazas públicas y privadas tendrían las residencias, o qué pasaría la acabar la concesión con la parcela y con la residencia que hubiera sobre ella. El alcalde Ayala le recuerda eso y también que «La grandeza de la política se basa en proteger a quienes más lo necesitan y de anticipar el futuro con valentía, defendiendo siempre los intereses de aquellas personas a las que representamos. También lo es la colaboración y el diálogo entre administraciones». En la actualidad, hay 2.400 personas en lista de espera para conseguir una plaza pública en una residencia de la Comunidad de Madrid. Precisamente el Gobierno regional está a punto de publicar su nuevo decreto de Dependencia, que atenderá a las más de 203.980 personas que hay en el sistema de dependencia, al que se suman 1.274 personas cada mes. Entre sus novedades, agilizará los procesos y el acceso a las prestaciones y servicios. Por ejemplo, los programas individuales de atención pasarán de darse en seis meses, como ahora, a hacerlo en tres; la valoración de personas en cuidados paliativos, con ELA o con otras enfermedades neurodegenerativas o en situación de urgencia social se harán en días. Y habrá también un plazo de menos de 90 días para valorar a menores de 3 años y a mayores de 90. El Gobierno central adeuda 2.200 millones en los últimos 7 años en dependencia, porque no cubre el 50% que por ley está obligado a abonar. «Con el dinero que nos adeudan, podríamos hacer 10.000 plazas en residencias, o dar más de 15 millones de horas de ayuda a domicilio», denunció la consejera.
