El Partido Popular en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) pedirá la reprobación de la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, de la líder de los socialistas en Zaragoza, Teresa Ladrero; y del presidente del PSOE Zaragoza y de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, por no actuar ante los procesos judiciales que acumula en contra el presidente de la Comarca Campo de Cariñena y alcalde de Aguarón (Zaragoza), Lucio Cucalón, según anunció en rueda de prensa el presidente provincial de los populares, Ramón Celma. Cucalón está acusado de adjudicar 'a dedo' 235.000 euros en contratos a la empresa de un familiar con el que regenta otros negocios. La iniciativa de los populares señala la inacción de los tres dirigentes socialistas ante las «presuntas corrupciones» de Cucalón y se fija en uno de los puntos del Código Ético y de Conducta del Partido Socialista Obrero Español, en el que se insta a actuar «de forma responsable, ética y deliberada, asumiendo las consecuencias de las decisiones tomadas, evitando derivarla hacia terceros sin causa que lo justifique» «Simplemente les pedimos que cumplan con el código ético que ellos mismos se han dado para gestionar a los cargos públicos de su partido político», señaló Celma. «Cada día que pasa Lucio Cucalón al frente de las instituciones que preside es una vergüenza para la provincia de Zaragoza y para el conjunto de la Comunidad», ha criticado Celma, que ha vuelto a preguntarse «qué le deben Pilar Alegría, Teresa Ladrero y Juan Antonio Sánchez Quero a Lucio Cucalón para no expulsarlo de las instituciones. Algo huele a podrido en el PSOE de Zaragoza y Aragón«, alertó. El propio presidente de la Comarca Campo de Cariñena y alcalde de Cucalón, que se encuentra suspendido de militancia en el PSOE, emitió el sábado un comunicado en el que argumentaba estar siendo víctima de una «guerra sucia» y una «caza de brujas» por parte del Gobierno de Aragón y anunciaba que se reserva el derecho de acudir a la justicia contra la directora general de Administración Local y el presidente del PP en Zaragoza. Y aseguró que sólo presentará su dimisión si finalmente es condenado por los tribunales. Una acusación ante la que el Gobierno aragonés reaccionó criticando el «atrevimiento» y la «falta de legitimidad y autoridad moral» de Cucalón para «verter infundios» y le instó a «dejarse de amenazas» y presentar su dimisión. Cucalón reaccionó de esa manera después de que días atrás la Fiscalía presentara una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza por una presunta adjudicación irregular de contratos por valor de 235.000 euros a una empresa con la que mantenía diversos vínculos personales y por acumular una serie de dietas sin justificar con cargo a las instituciones que preside. No es el único frente que mantiene abierto, puesto que está a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva un recurso de casación a una sentencia que lo condenó a ocho meses de prisión y de inhabilitación por un delito de acoso laboral contra el secretario y la interventora de la Comarca. Además, en diciembre será juzgado en la Audiencia Provincial de Zaragoza como presunto autor de un delito de falsedad documental como gestor de la sociedad urbanística de Aguarón que pretendía desarrollar un polígono industrial que nunca vio la luz. El PP mantiene la presión sobre Lucio Cucalón y recientemente ha presentado varias mociones en el Ayuntamiento y en la comarca ofreciendo la posibilidad a los representantes socialistas de respaldar a un candidato alternativo. «Nos consta que hay consejeros comarcales socialistas que no están de acuerdo con las posiciones que se están adoptando en la dirección del PSOE y, de hecho, han evitado apoyar a Cucalón y nosotros seguiremos tomando todas las medidas que tengamos en nuestra mano», dijo el líder de los populares zaragozanos. Celma, además, descartó la idea de que este caso tenga «nada que ver» con el del alcalde de Monterde (Zaragoza), el popular José Gracia Ruiz, al que varios vecinos le acusan de haber inmatriculado de manera irregular una serie de fincas particulares a nombre del Ayuntamiento. Celma ha limitado este asunto a «divergencias» sobre unos supuestos empadronamientos y ha argumentado que el fiscal pidió el archivo de la causa El presidente de los populares en Zaragoza avanzó que la iniciativa se abordará en el próximo pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza, previsiblemente el próximo 9 de noviembre.
