El huachicol fiscal, herencia de la reforma energética de EPN
El Pacto por México, un acuerdo cupular de la transición fallida, tuvo entre sus engendros la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que modificó los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.
Esa reforma derivó en la apertura al sector privado de áreas que hasta entonces eran exclusivas del Estado: exploración, producción, transporte, almacenamiento, distribución e incluso comercialización de hidrocarburos.
Con ese nuevo marco legal se otorgaron permisos de importación y exportación a empresas privadas, nacionales y extranjeras, proceso que estuvo a cargo de la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía.
Los mecanismos de control y supervisión resultaron ser frágiles, lo que hizo que se multiplicaran las operaciones realizadas con escasa o nula fiscalización.
El huachicol, entendido como robo de combustible, existía antes de la reforma, principalmente mediante tomas clandestinas en ductos de Pemex.
Pero con la liberalización de la comercialización aparecieron nuevas modalidades del saqueo.
Entre ellas podemos mencionar las importaciones simuladas: es decir, empresas que declaraban traer gasolina o diésel, aunque introducían combustibles de menor calidad, contrabandeados o mezclados.
Igualmente, las exportaciones ficticias, pues se reportaban envíos al extranjero que nunca ocurrían, usándose como mecanismo para justificar faltantes o desviar producto robado.
Tras la reforma peñanietista proliferaron terminales privadas sin control. En ellas se mezclaba combustible legal con huachicol. Igualmente, el mercado negro resultó fortalecido, pues la apertura a privados incrementó intermediarios, aunque muchos de ellos no contaban con la infraestructura necesaria.
En resumen, el Estado perdió control efectivo sobre un sector estratégico. Pemex dejó de ser el único actor y el monopolio estatal de la comercialización se fragmentó en múltiples manos, sin capacidad real de supervisión.
En 2018, el gobierno entrante diagnosticó que hubo excesos en los permisos otorgados por la CRE y Sener (más de mil entre 2015 y 2018) sin verificación adecuada.
Igualmente, las autoridades aduanales carecían de un control efectivo del volumen de combustibles que entraban o salían del país.
La fuerte discrepancia entre el consumo nacional y la producción/importación registrada evidenciaba flujos ilegales.
La liberalización, en suma, derivó en un “caos regulatorio” que terminó beneficiando a grupos criminales y redes de corrupción.
Los factores anteriores dispararon el mercado ilícito de combustibles. El huachicol ya no solo afectaba a los ductos, sino que se llevaba a cabo vía sofisticadas operaciones al amparo de la reforma energética.
A partir de 2019, el gobierno federal lanzó una estrategia de combate frontal al huachicol, cerrando ductos y revisando permisos, aunque el descontrol heredado evitó que se pusiera punto final a las operaciones irregulares.
La privatización desordenada terminó debilitando la soberanía energética y fortaleciendo al crimen organizado.
Recientemente, la Agencia Nacional de Aduanas ha asegurado que el combate a este flagelo se ha traducido en la recuperación de hasta 200 mil millones de pesos en ingresos fiscales, en lo que va del año en curso.
Los esfuerzos del gobierno de la presidenta Sheinbaum para combatir las importaciones ilegales siguen en marcha.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha encabezado en los tiempos recientes la enorme tarea de frenar las extensas redes criminales que evaden impuestos federales para importar ilegalmente combustibles refinados y que involucra a empresas privadas y exfuncionarios de distintas áreas. Al menos 14 personas han sido detenidas.
En estos días se ha creado un grupo interinstitucional y se ha puesto en marcha un nuevo sistema de trazabilidad digital, a fin de conocer, en tiempo real, qué cantidades de gasolina y diésel se importan, quiénes lo transportan, dónde se almacena y vende.
El combate a la evasión y a todos los delitos vinculados al tráfico de combustibles va en serio y a fondo.