Rentismo rima con feudalismo

La mitad de los españoles considera que las posibilidades de progresar dependen directamente del origen. Son cuatro puntos más que en el 2023. Esta es una de las conclusiones del informe ‘Vivir en la desigualdad’ que Oxfam Intermón acaba de presentar. Es un dato que no sorprende, puesto que otros estudios similares arrojan conclusiones parecidas. Según datos recientes de la OCDE, el lugar de nacimiento de los padres y, sobre todo, su origen socioe­­­co­nómico, sumado al género condicionan más del 35% de la desigualdad de ingresos.

En la encuesta de Oxfam Intermón, la vivienda se posiciona como el principal generador de desigualdad, algo que debería ser evidente incluso para los que, gracias a la cuna o la zona, no tienen este problema. El 45 % de la población se ve afectada por la crisis habitacional, especialmente inquilinos, jóvenes y personas racializadas. Solo el 14,4 % de quienes no tienen vivienda propia creen que podrán comprar una en el futuro. 

Pese a que el problema sea tan descomunal, los distintos partidos son incapaces de ponerse de acuerdo en las causas que provocan el incremento del precio. Con este panorama imagínense lo lejos que está un pacto para buscar soluciones que ni serán rápidas ni fáciles. Uno de los mejores diagnósticos lo ha hecho el antropólogo y uno de los fundadores del Sindicat de Llogateres, Jaime Palomera, en su libro ‘El secuestro de la vivienda’ (Península). 

Palomera hace suyo el concepto de neofeudalismo para recordar un dato que remite de nuevo a la cuna: en Barcelona y Madrid, siete de cada diez inquilinos no esperan heredar nunca una casa. Descontado ese 30% que pueden considerarse unos privilegiados, su conclusión es que la sociedad se está dividiendo entre quienes reciben ayuda de sus padres para comprar un piso y quienes no. Así que el futuro lo decide la familia en la que naces y la ayuda que ellos te pueden prestar. Por cierto, la mayor esperanza de vida hace que la expectativa de una herencia se esté esfumando para mucha gente.

Ese nuevo feudalismo rima con rentismo. Se rompe el contrato social y se convierte un derecho en una simple mercancía. Multipropietarios, rentistas y fondos han distorsionado no solo el acceso a la vivienda sino que han cambiado el tejido social e incluso el paisaje físico de muchos barrios. Por eso este es y seguirá siendo el principal problema del país y un foco de desigualdad evidente. Que todavía hoy haya quien se niegue a regular el mercado de vivienda para frenar la especulación prueba cómo de interiorizado está el catecismo neoliberal.

Además de la vivienda, el resto de áreas que la ciudadanía considera prioritarias para combatir la brecha social son el empleo de calidad, la sanidad y la educación pública. 

Es interesante que un 62,4 % de los encuestados crea que las desigualdades pueden revertirse. En lo que probablemente no se pondrían de acuerdo es en cómo se pueden reducir esas diferencias. Parecería una obviedad que recortar las partidas presupuestarias destinadas a sanidad o educación públicas va en contra de preservar estos pilares del Estado del bienestar. En cambio, es lo que se está haciendo en las comunidades gobernadas por el PP (o PP y Vox). 

Como en el estudio no se diferencia por adscripción ideológica o perfil de voto es fácil concluir que habrá encuestados que votan a favor de partidos que desmantelan estos servicios públicos mientras se quejan de que se les esté destinando menos dinero. 

El economista Thomas Piketty, uno de los que más ha teorizado sobre la historia y las causas que provocan la desigualdad defiende que la distancia monetaria entre personas es más que una mera distancia monetaria. Es también social. Y advierte de que el hecho de que hayamos renunciado más o menos a conseguir un objetivo igualitarista ambicioso en educación superior está en la raíz misma de muchos de nuestros problemas actuales, tanto económicos como, aún más si cabe, democráticos.

Ver cómo se está mercantilizando la educación, en especial en comunidades como Madrid, Andalucía o Murcia, asusta. El último ejemplo es de esta misma semana. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha ahogado las universidades públicas, infrafinanciándolas mientras ponía la alfombra roja a las privadas y centros que no merecen ni el nombre de universidad, y ahora se ha visto obligada a acudir al rescate de la Complutense con un crédito extraordinario de 35 millones de euros para poder pagar las nóminas. 

Un último dato: más de la mitad de los encuestados por Oxfam Intermón hubiera querido continuar su formación, pero señalan las dificultades económicas y la necesidad de trabajar como los principales obstáculos para seguir estudiando. Aun así, los partidos que priorizan la educación privada respecto a la pública gobiernan la mayoría de las comunidades gracias, también, a esos electores que votan en contra de sus propios intereses.