El Gobierno desmiente a EH Bildu: no hubo abuso de autoridad de la Guardia Civil en la Vuelta a España

El pasado 4 de septiembre, EH Bildu registró una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados, con un claro objetivo: poner en entredicho la actuación de la Guardia Civil durante los días previos al paso de la Vuelta ciclista por Navarra. La formación abertzale acusó a los agentes de interrogar a varias personas bajo "presión y coacción", por separado y en "zonas aisladas".

Unas acusaciones que ya tienen respuesta. Apenas un mes después, el 8 de octubre, el Ejecutivo de Pedro Sánchez contestaba de forma escueta pero contundente zanjaba las insinuaciones de EH Bildu: "La Delegación del Gobierno en Navarra no tiene constancia de que, en el marco del operativo de seguridad desplegado con ocasión del paso de la Vuelta ciclista a España por el territorio de la Comunidad Foral de Navarra, se realizasen actuaciones desproporcionadas por parte de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que pudiesen constituir un abuso de autoridad".

Tajante, el Ejecutivo responde así a las acusaciones de la formación abertzale que, haciéndose eco de las denuncias de la Junta del Valle de Roncal, relató varios episodios controvertidos entre la Guardia Civil y los trabajadores de la zona. Según estas denuncias, los agentes llevaron a cabo identificaciones y preguntas de índole personal con "tono intimidatorio"; profirieron "amenazas verbales y acusaciones no fundamentadas" sobre una supuesta participación de estos trabajadores en los actos de protesta pro Palestina; y llegaron a advertir a un trabajador de que "su coche sería inmovilizado si no aportaba la información solicitada".

Hechos de los que no tiene constancia alguna el Ejecutivo, que no duda en apuntar que "si existiera alguna denuncia al respecto, se tramitará por los cauces correspondientes".

Interrogatorio "inapropiado" a una mujer

La Junta del Valle de Roncal hizo público un comunicado en el que relataban cómo los guardias civiles retuvieron a los trabajadores, días antes de la etapa navarra, y llevaron a cabo "interrogatorios por separado, en zonas aisladas" y bajo "gran presión y coacción". En el caso de una mujer, añadían, los guardias civiles habrían mantenido "una cercanía física, realizando preguntas inapropiadas sobre su vida privada, que generaron una situación de incomodidad y vulneración de su intimidad, con un componente claramente relacionado con el género".

Asimismo, denunciaron que tras una hora retenidos, los agentes habrían dejado marchar a estas personas no sin antes hacer una captura de sus DNI y exigir sus números de teléfono y correos electrónicos.

Sin embargo, tal y como se desprende de la respuesta del Ejecutivo en la Cámara Baja, ninguno de los hechos que se relatan ni sus respectivas denuncias parecen haber llegado más allá, ya que no hay constancia de ellas en la Delegación del Gobierno de Navarra.

Atrás quedan pues las acusaciones de "exceso de celo y abuso de autoridad" que planteaba la formación que lidera Arnaldo Otegi, así como la "depuración de responsabilidades" que exigían los abertzales al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.