Dorothy y los “parásitos”, según un político de derecha
Cristián Valenzuela, el rollizo y deslenguado generalísimo de la campaña del candidato presidencial José Antonio Kast, en una columna de opinión del diario La Tercera, aseguró que todos los funcionarios públicos son “parásitos”, pero sin dar ejemplos concretos, es decir, el sujeto tiró a la bandada para hacerse famoso y lo logró, pero como recibió una andanada de reproches, incluso de políticos de su propio sector, al día siguiente “aclaró” que no todos los funcionarios del Estado debían tener esa designación.
Después de dicha oprobiosa aseveración, la contralora Dorothy Pérez, aceptando una invitación de los dirigentes empresariales más influyentes del país, intervino en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, cuyo discurso fue aplaudido de pie por todos los más de mil asistentes, debido a que relató algunas situaciones corruptas en servicios de la administración que su organismo fiscalizador detectó, los que no citaremos, pues la prensa ya los cubrió en detalle. Más de alguien podría sostener, con justa razón, que la élite dominante esperaba que ella dijera lo que escucharon, incluyendo la palabrita “permisología“, inventada por ellos mismos para facilitar los trámites de los proyectos de inversión.
Debemos tener presente, como un hecho asaz curioso, que la Contraloría General de la República no fiscaliza al sector privado, pero como en pocas semanas más tendremos que votar en primera vuelta y la repercusión de la ovacionada charla de su titular iba a tener un importante impacto mediático que favorecía a la troika alemana, conformada por Kast, Kaiser y Matthei, lo que efectivamente aconteció, era indispensable que en un acto muy trascendente, ella fustigara a los agentes del sector público del actual gobierno, denominados despreciativamente como “parásitos” por la persona de confianza del candidato de derecha que, conjuntamente con Jeannette Jara, lidera las encuestas.
Este columnista, como lo ha expresado en infinidad de oportunidades, sostiene que no solo en este gobierno, sino que en todos, se han producido desaciertos administrativos, muchas veces actuaciones abiertamente corruptas, cometidos por autoridades nominadas por los distintos presidentes de la República, solo por ser amigos y/o miembros de sus partidos políticos. Todos sabemos que las prácticas más deshonestas cometidas por los actores privados más preparados y bien relacionados, no se descubren y por ello quienes las ejercen, muchas veces coludidos con burócratas apitutados y bien informados, obtienen cuantiosas riquezas mal habidas.
En Enade, por excesiva prudencia y para no generar incomodidad en los distinguidos asistentes, no se habló de ciertos millonarios casos muy obscenos que han quedado impunes por la sencilla razón de que “las instituciones no han podido funcionar”, todos tratados oportunamente por la Contraloría y por los tribunales de justicia. En tal sentido, debemos recordar solo 2 casos demostrativos de que, con buenos contactos, se hacen excelentes negocios ilegales.
Guetos verticales en Estación Central
Mientras ejercía como alcalde Rodrigo Delgado, el director de obras municipales (DOM), a partir de 2013, otorgó 80 permisos de edificación en altura, todos los cuales fueron declarados contrarios a derecho por la Contraloría, ente de control, que en distintos dictámenes, le expresó al mencionado alcalde que se debían invalidar tales permisos, que no se siguieran cursando y que se iniciaran los sumarios administrativos de rigor. La municipalidad olímpicamente desacató todos los dictámenes y por ende el DOM cursó las recepciones finales de todos los edificios terminados, menos cuatro, ya en el período que ejercía como alcalde Felipe Muñoz.
En el transcurso del año 2020, algunos particulares interpusimos querellas en el 7° juzgado de garantía, por el delito comprobado de prevaricación administrativa, ya que la Corte Suprema, con anterioridad, había ratificado los dictámenes de la Contraloría. Distintos fiscales han estado investigando y hasta la fecha no hay resultados. Los lectores deben saber que hubo inversiones del orden de los $2 mil millones, las inmobiliarias han estado vendiendo en el mercado los miles de departamentos de esos edificios y la Justicia no ha podido emitir sentencia porque la Fiscalía está absolutamente muda. ¿Será posible que el fiscal nacional, Ángel Valencia, ejerza sus atribuciones para que la opinión pública conozca el desenlace de este episodio de máxima corrupción?
Dunas de Concón en la 5a región de Valparaíso
Este es un grosero caso demostrativo de la amistosa relación pública-privada, que le ha originado una importante ganancia a unos empresarios cuyos completos antecedentes se pueden leer en publicación de Ciper del 27/08/2023, titulada “Dunas de Concón y un oficio desconocido”. En efecto, con motivo de la declaración del Santuario de la Naturaleza de 50 hectáreas de dunas en Concón, se pudo conocer la venta directa, en septiembre de 1979, por parte del gobierno de Pinochet, a 2 constructoras afines a dicha dictadura, de las aludidas dunas que le pertenecían a la ex Caja de Previsión de los Empleados Particulares (Empart), precisándose que su continuador legal era el Instituto de Normalización Previsional (INP), hoy Instituto de Previsión Social (IPS), con el agravante de que las compradoras no pagaron toda la deuda contraída con ese servicio del Estado. Estas 2 empresas se fusionaron dando origen a una nueva denominada Reconsa.
En la mencionada publicación de Ciper, se puede leer el contundente y clarificador informe de fecha 02/03/1994 del jurista Pedro Pierry, entonces abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), pues el Decreto Supremo N° 481 del Ministerio de Educación del año 1993 que declaraba el Santuario de las 50 hectáreas, había sido dejado sin efecto por otro singular Decreto Supremo, el que había sido objetado por la Contraloría, pues éste requería contar con la aprobación previa del CMN. Allí se describen diversas escrituras públicas por 750 hectáreas de dunas a favor de la regalona Reconsa, recordando que Pierry posteriormente fue juez de la Corte Suprema. La gente informada debe conocer este informe de Pierry para que sepan como opera la perversión en las decisiones comerciales.
En conclusión, en general los funcionarios públicos no son “parásitos”, asegurando este columnista que la mayoría de ellos se comportan correctamente, dejándose en claro que sí en las municipalidades, básicamente por ignorancia, existe una tendencia a que se vulneren las distintas disposiciones legales. Por otro lado, declaramos que tenemos la mejor opinión de la actual contralora, como también de sus antecesores, Arturo Aylwin, Gustavo Sciolla, Ramiro Mendoza y Jorge Bermúdez, con quienes nos tuvimos que relacionar debido a la tarea que desempeña la fundación Defendamos la Ciudad en asuntos de Vivienda, Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente.
Por último, ya que tanto se habla de participación ciudadana, le sugerimos a doña Dorothy Pérez que, a la brevedad, adopte la sana decisión de derogar el dictamen que exige a los denunciantes tener legitimación activa, es decir un interés propio en las materias truchas que ponen a su disposición para que sean investigadas. Le aseguramos a ella que, de esta forma, y con un mayor presupuesto que le asigne este gobierno para el año 2026, se reducirá ostensiblemente la corrupción.