Examina Tribunal Supremo de Bogotá apelación de expresidente Uribe tras condena por soborno y fraude procesal
El Tribunal Superior de Bogotá anunciará este martes el fallo de segunda instancia correspondiente al histórico juicio contra el exmandatario Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), hallado culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, de lo cual resultó una condena de 12 años de prisión domiciliaria, inhabilitación para ejercer cargos públicos por un tiempo de cien meses y 20 días, y la obligación de pagar una multa, reporta Telesur.
La defensa de Uribe Vélez apeló dicha sentencia, dictada por la magistrada Sandra Heredia, jueza penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá (primera instancia), quien lo consideró culpable el 28 de julio y poco después, el 1ro de agosto, dio a conocer la sentencia.
De ello derivó la actual audiencia de apelación, que comenzó alrededor de las 08H00 hora local.
Según organizaciones de abogados, la lectura de la sentencia sería extensa y podría extenderse hasta mañana de ser necesario. El acusado puede recurrir este fallo ante la Corte Suprema de Justicia.
De confirmarse la pena impuesta por la jueza Heredia, el exmandatario —acusado de nexos con el paramilitarismo, organizaciones criminales y el crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto armado— tendrá cinco años adicionales para el recurso de casación y se vería privado de participar como candidato al Senado por su partido, Centro Democrático, en las elecciones del 8 de marzo de 2026.
Durante el juicio, la Fiscalía probó sustancialmente que el antiguo abogado de Uribe Vélez, Diego Cadena, buscó a paramilitares que se hallaban presos y, a cambio de prebendas materiales y jurídicas, como beneficios carcelarios, los instó a dar falsas declaraciones ante la justicia para desprestigiar al senador Iván Cepeda.
El 30 de septiembre pasado, un juez penal halló a Cadena culpable de soborno y manipulación de testigos, por lo cual fue condenado a siete años de prisión domiciliaria.
Respecto a Uribe Vélez, la Fiscalía solicitó 9 años de privación de libertad, el pago de una multa y la inhabilitación para ejercer cargos públicos también por 9 años, en tanto que víctimas del acusado consideraron que la pena de prisión debía ascender a 12 años.
El origen del caso contra Uribe Vélez se remonta a 2012, cuando este intentó difamar al senador Iván Cepeda, al que acusó de haber prometido beneficios a testigos para que lo señalaran a él y a su familia de estar vinculados a paramilitares. La Corte Suprema de Justicia archivó aquella denuncia y determinó que Uribe había levantado falso testimonio contra Cepeda.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia documenta 6.402 «falsos positivos», campesinos o indígenas que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales por el Ejército. A menudo eran trasladados bajo engaño o coacción a zonas de conflicto armado, los asesinaban, les «sembraban» armas a la escena y luego los presentaban como presuntos guerrilleros que murieron en combate.
Tras arduas indagaciones, la JEP reveló y documentó que dentro de las FF.AA. se aplicó una política de incentivos -con ascensos, vacaciones y otros premios- para efectivos y oficiales que presentaran la mayor cantidad de «bajas en combate». Esta postura devino política institucional, ampliamente conocida e impulsada por altos mandos.
La mayoría de estos más de 6.400 civiles inocentes asesinados se ubican durante el periodo en que Uribe fue presidente y una cuarta parte de los asesinatos ocurrió en el departamento de Antioquia, del cual fue gobernador.