«¡Después de 20 años no se dónde está la responsabilidad penal de mi defendido!». Con esa frase lapidaria lanzada al tribunal por una de las abogadas de la defensa de los 15 acusados comenzaba el juicio -después de tres suspensiones en el último lustro- por delitos de atentado a la Guardia Civil, lesiones y desorden público por unos hechos que se remontan al 14 de septiembre de 2007. « Se confundió a mi defendido durante la investigación y se solicitó el archivo pero aquí estamos 18 años después»...o «Esos hechos ya han sido juzgados por el mismo parte de lesiones del agente de la Guardia Civil por lo ocurrido la noche siguiente en el Campo de Tiro»...han sido algunas de las frases que se han escuchado en el plenario durante el planteamiento de las cuestiones previas en la primera sesión del juicio este miércoles. De este modo, la vista que ha comenzado en el Juzgado de lo Penal 4 por el asalto a una finca en Posadas en 2007 ha llegado tarde y mal. El juicio se ha iniciado con incertidumbre por la incomparecencia de uno de los 15 acusados —abogado de profesión— y en el que en cierto momento ejerció su autodefensa, ha llevado a la acusación a rebajar las penas solicitadas para que la suma no superase los cinco años y así poder celebrar el juicio -sin impedimentos legales- en su cuarto intento en los últimos cinco años. Este ha sido solo el primero de los numerosos obstáculos que se han planteado en esta sesión inicial, que la jueza titular ha dedicado íntegramente a la exposición de las cuestiones previas y pese a la petición de suspensión por las defensas al faltar un acusado, ha decidido continuar la vista y resolver esta junto el resto de cuestiones planteadas en el plenario. Los letrados de las defensas han planteado alegaciones que han ido encaminadas a probar con numerosa jurisprudencia desde la prescripción de los hechos, a la existencia de investigados que no lo han sido formalmente, pasando por un caso en el que uno de los acusados ya había sido condenado por las mismas lesiones a un guardia civil, lo que ha abierto el debate sobre una posible vulneración del principio de 'causa juzgada'. En este cúmulo de desdichas procesales expuesto en la sala, tras una instrucción que se ha prolongado casi una década, uno de los abogados ha solicitado retirar la acusación contra su representado , fallecido hace un año, mientras otros han presentado historiales médicos para que se admitan como prueba. La edad avanzada de los acusados, casi 19 años después de los altercados, también se ha hecho notar en la sala, donde varios superan los 70 y 80 años, y que han pedido interrumpir varias veces la sala para acudir al baño. La mayoría de las cuestiones previas planteadas han buscado acreditar que los delitos imputados —con penas superiores a tres años— han prescrito. Las defensas han señalado que desde el auto del juzgado de instrucción de Posadas dictado en 2010 no hubo avances significativos hasta 2016, más allá de simples providencias , lo que, según sostienen, «refuerza la tesis de la prescripción. También han denunciado errores de calado en la calificación del fiscal sobre la imputación y los plazos procesales». Otras partes han advertido de una imputación sorpresiva, recordando que una vez cristalizados los hechos en el auto de apertura del procedimiento abreviado (PROA) de febrero de 2016, estos no podían modificarse. No obstante, otro auto dictado en 2017 ha introducido variaciones en las imputaciones sin alterar el relato fáctico inicial. La causa, que se ha extendido desde 2007, ha acumulado más de 12.000 folios repartidos en 12 volúmenes , un material de difícil manejo para las partes, como ha señalado la propia jueza durante la sesión. El acusado ausente, abogado de profesión, no ha comparecido , y su letrada de oficio, que ha reproducido en sala las cuestiones previas, ha renunciado a su defensa al no haber podido comunicarse con él ni recibir instrucciones. Entre las cuestiones planteadas, las defensas han solicitado que comparezca como testigo el entonces subdelegado del Gobierno , Jesús María Ruiz, junto a otras dos personas presentes en el lugar de los hechos. Los 15 vecinos de Posadas vienen acusados de golpear a una decena de agentes de la Guardia Civil que impedían su acceso a una finca privada que reclamaban como vía pública. El Ministerio Fiscal había solicitado en su calificación inicial -modificada a la baja para tres de los acusados- penas de 2 años y 8 meses de prisión para cada uno, —unos 40 años de prisión en total—, además de multas que suman 67.500 euros, por su participación en la concentración en defensa del carácter público de la colada de Los Torilejos en Posadas donde atentaron y causaron lesiones graves contra varios agentes de la guardia civil.
