Este año de 1.798 homicidios, casi 700 se cometieron en Lima Metropolitana y Callao
Son causas difíciles. Son pocos los que quieren hablar. Los recursos y el personal necesario para llevar adelante investigaciones exitosas escasean. Los expedientes se acumulan, al ritmo desenfrenado de la cantidad de homicidios alarmantes que contabiliza en Lima Metropolitana y en el Callao, declarados en estado de emergencia.
Todo este cúmulo de situaciones marca un escenario complejo, los números son elocuentes y la tendencia es creciente.Del 1 de enero al 19 de octubre se han registrado 1.798 homicidios, de acuerdo al Sistema de Información Nacional de Defunciones (Sinadef).
“Esa cifra -sin embargo- sería aún mayor debido a los subregistros”, asegura el analista de datos, Juan Carbajal.
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Según el Sinadef, de enero a setiembre fueron cometidos 1.727 homicidios: en Lima Metropolitana se registraron 514 y en el Callao 158, mientras que en Trujillo 90. Esas son las provincias con mayor cantidad de homicidios.
Este año el promedio de homicidios es de 6.2 homicidios, mientras que el año pasado que se registraron 2.082 casos fue de 5.7 y en el 2023 que se perpetraron 1.516 homicidios fue de 4.2 a nivel nacional.
No hay una cifra exacta de los casos que se esclarecieron pero “los números son bajos”, reconoció un oficial de Investigación Criminal y describió este mapa complejo. Y es que del otro lado están esas familias que lloran a sus muertos y aún no tuvieron justicia.
Durante el gobierno de Dina Boluarte se registraron 5.424 homicidios, según el Sinadef.
OPERATIVOS FOCALIZADOS
La mañana de este 22 de octubre, en el inicio del estado de emergencia, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, manifestó: “Se van a realizar operativos focalizados en zonas con mayor incidencia de homicidios. Vamos a hacer un trabajo diferenciado en base a la estadística recabada por la Policía Nacional”.
Y agregó: “Estamos pasando de la defensiva a la ofensiva contra las personas que están delinquiendo. Eso será parte del trabajo que realizaremos de forma conjunta con la Policía Nacional el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y las municipalidades de Lima y Callao.
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Destacó que en el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, se priorizará la inteligencia operativa policial, tanto en la labor preventiva como en la lucha contra la delincuencia común y organizada.
Pero los números rojos no cesan tanto en los homicidios como en las extorsiones. Sobre este último delito se han incrementado las denuncias de 85 diarias en el 2020 a más de mil en el 2025. “Hay un incremento es 1668%”, sostiene Carbajal.
Los distritos con mayor incidencia son San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima, Comas, Ate y Los Olivos (Lima Metropolitana) y los distritos del Callao y Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao.
Otro dato relevante es el incremento de internos en los penales en los últimos cuatro años que no llega ni al 1% del total de denuncias por extorsión a nivel nacional.
Desde el 2022 hasta el 2025 se han registrado 82.050 denuncias y la cantidad de internos solo se incrementó de 1.027 a 1.389. “Es decir, la cantidad de internos por extorsión aumento en solo 362 lo cual equivale a 0.44% de las denuncias por extorsión registrados desde el 2022”, manifiesta Juan Carbajal, experto en análisis de datos.
EQUIPOS DE MONITOREO
Entre tanto, esta mañana el presidente José Jerí, junto con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, el titular del Ministerio de defensa, César Díaz y otras autoridades, supervisaron el Comando Avanzado de San Juan de Lurigancho, implementado tras el anuncio del estado de emergencia.
Díaz Peche manifestó: “Las fuerzas del orden irán a los puntos neurálgicos, en las zonas vulnerables, de acuerdo con el mapeo elaborado por la Policía Nacional, donde la incidencia delictiva es mayor. Cuentan con equipos de monitoreo que harán más eficaz la labor. Esta es una innovación y marca una diferencia con los estados de emergencia que se declararon anteriormente”, precisó el ministro.
“Las Fuerzas Armadas actúan en apoyo a la Policía Nacional; todos estamos involucrados en esta tarea que beneficia a la población. Participan también las autoridades locales, el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el objetivo de recuperar la tranquilidad de todos los peruanos”, remarcó.