Consejo Fiscal alerta sobre 10 proyectos del Congreso que elevarían el gasto público en S/25.000 millones al año
El Consejo Fiscal (CF) advirtió que el Congreso mantiene en trámite 352 iniciativas legislativas con impacto fiscal adverso, de las cuales las 10 más costosas implicarían un gasto adicional de S/25.000 millones por año, según las estimaciones presentadas el 21 de octubre de 2025.
Entre los proyectos más onerosos figuran la incorporación del personal CAS del INPE al régimen laboral 728, el nombramiento de los trabajadores CAS-COVID del sector salud, el incremento de la remuneración de docentes universitarios, la homologación salarial entre regímenes del sector público, las gratificaciones y CTS para trabajadores CAS, y el aumento de pensiones de profesores jubilados.
Cada una de estas propuestas representaría un gasto anual que va desde S/592 millones hasta S/5.670 millones. En conjunto, el monto equivale —según el CF— a 18 veces el presupuesto del programa Pensión 65, 23 veces el de Juntos y 1,5 veces el de Orden Interno y Seguridad previsto para 2026.
El organismo técnico autónomo advirtió que la implementación de estas iniciativas, junto con las leyes ya promulgadas, elevaría el déficit fiscal en cinco puntos porcentuales del PBI respecto al escenario del Marco Macroeconómico Multianual (MMM). Bajo este escenario, la deuda pública podría alcanzar el 70% del PBI hacia 2036, muy por encima del límite transitorio de 38% fijado por la regla fiscal.
"No se puede ir más allá de las posibilidades del país"
Ahora bien, al ser consultados sobre cómo las advertencias del Consejo Fiscal impactan directamente en el ciudadano de a pie y si las iniciativas en debate —como el aumento de pensiones para profesores— responden a un impulso populista en un contexto preelectoral, Alonso Segura respondió que “de lo que se trata es de que se entienda que hay necesidades y brechas por cerrar, pero lo que no se puede hacer es ir más allá de las posibilidades del país”.
“Muchas de estas medidas generan inequidades entre grupos poblacionales, porque otorgan beneficios específicos a ciertos sectores que no tienen otros grupos comparables”, sostuvo el presidente del Consejo Fiscal.
Segura advirtió que, de materializarse este tipo de decisiones, “se resentirá la calificación crediticia del país, se encarecerá el financiamiento tanto público como privado y, en última instancia, afectará a las familias”.
Y añadió que el propio proyecto de ley de presupuesto remitido por el Ejecutivo ya refleja el impacto de estas normas: “Han tenido que hacer un recorte muy fuerte en inversión pública porque el Congreso ha incorporado tantas nuevas remuneraciones”.
Por su parte, la consejera Carolina Trivelli recordó que la definición de prioridades en política pública corresponde al Congreso y al Ejecutivo, pero subrayó que el Consejo Fiscal tiene la obligación de alertar cuando esas decisiones afectan la sostenibilidad del país.
“El peso de los intereses de una deuda creciente en el gasto público puede multiplicarse por casi cuatro en los próximos años, reduciendo espacio para inversión, programas sociales y bienestar ciudadano”, advirtió. “Como en toda familia o empresa, una deuda creciente hay que pagarla, y quienes pagaremos la deuda del Perú seremos todos nosotros”, añadió.
Pago de intereses de la deuda podría absorber hasta el 80% de la inversión pública
El CF también alertó que un aumento de esa magnitud elevaría el pago de intereses de la deuda a niveles no registrados en tres décadas, reduciendo el espacio presupuestal para servicios públicos e inversión.
De acuerdo con el informe, un pago equivalente al 4% del PBI en intereses representaría alrededor del 80% del gasto de capital previsto para el periodo 2026-2029.
Asimismo, el Consejo Fiscal recordó que el actual Congreso ya ha aprobado 229 leyes con impacto fiscal adverso, muchas por insistencia, es decir, pese a las observaciones del Ejecutivo.
Estas normas acumulan un costo fiscal total de S/35.795 millones, y en numerosos casos el Gobierno decidió no acudir al Tribunal Constitucional (TC).
En esa línea, el CF propuso que el TC incorpore criterios de sostenibilidad fiscal, equilibrio presupuestario y coordinación previa vinculante con el Ejecutivo para toda iniciativa que implique gasto público, y sugirió que se le invite a participar como amicus curiae en los procesos relacionados con esta materia.