La responsabilidad penal de los ciudadanos, incluidos los políticos, está sometida al principio de la presunción de inocencia, que solo cede ante una sentencia firme de condena dictada por los tribunales al término de un proceso con todas las garantías. La responsabilidad política de los altos cargos y de los gobernantes, en cambio, no goza de presunción de inocencia, por la propia naturaleza de la confianza ciudadana que aquellas reciben. Por acción o por omisión, por culpa 'in eligendo' o por culpa 'in vigilando', a un político se le debe presumir responsable de todas la irregularidades, sean legales, sean éticas, cometidas por quienes dependen de él o se aprovechan de su autoridad o sobre los que tiene potestad para evitarlas. Pedro Sánchez es un ejemplo perfecto de presunto responsable político. Lejos queda aquella parodia de jornadas de reflexión que se tomó para fingir afectación por la imputación de su esposa; se han disuelto, en su colisión con la verdad, todas las mentiras de la factoría gubernamental sobre la 'fachosfera', los 'bulos' o la 'máquina del fango'; son ahora risibles las promesas de transparencia del PSOE posteriores al informe de la UCO sobre Santos Cerdán. Ni uno solo de los casos judiciales de corrupción, de toda naturaleza, que tienen a Sánchez de telón de fondo se ha archivado. Por el contrario, algunos avanzan a paso firme al juicio oral y otros están a punto de hacerlo. Pero no es lo relevante cómo estén los procedimientos judiciales que afectan a Sánchez, porque su responsabilidad no la dirimen los jueces, sino las exigencias éticas de la función democrática de gobernar. Es inverosímil que Sánchez no supiera que su esposa pidió, a través de una empleada pública, colaboración y dinero a empresas punteras de la tecnología, la banca y el Ibex35 para su inefable cátedra en la Complutense; y que no estuviera al tanto de las cartas de recomendación que su esposa firmó para que su patrocinador, Juan Carlos Barrabés, obtuviera, como obtuvo, contratos públicos de su Gobierno. Es inverosímil que Pedro Sánchez no supiera que su hermano accedió con atajos y por la puerta de atrás a un puesto público en la Diputación de Badajoz. Es inverosímil que el omnisciente Sánchez nada supiera de las denuncias de acoso contra un asesor de cabecera. Es inverosímil que Sánchez no supiera que sus compañeros de viaje –literalmente–, Ábalos, Koldo y Cerdán, estaban moviendo miles de euros en metálico, vivían por encima de sus retribuciones oficiales, presionaban a administraciones públicas para amañar contratos y, algunos de ellos, se dedicaban activamente al consumo de prostitución incluso con ocasión de viajes supuestamente oficiales. Es inverosímil que Sánchez, después de reducir el PSOE a una condición que mezcla la secta con el gabinete personal, no supiera de los pagos en metálico autorizados por un gerente luego premiado con una nómina de 240.000 euros al año en una empresa pública. Es inverosímil que Sánchez no supiera que su fiscal general de confianza había emprendido una campaña contra la presidenta de la Comunidad de Madrid con la excusa de la investigación fiscal a su pareja. Y, en fin, es inverosímil que a Pedro Sánchez no le llegara nunca, por ninguna vía, el estrépito de los chantajes de Leire Díez contra jueces, fiscales y guardias civiles, en coherencia con las fobias de Sánchez contra los que, de forma sistemática, están poniendo sobre la mesa las evidencias de su liderazgo en las tramas corruptas del PSOE.
