Estado de emergencia: la gente entre la esperanza y la desconfianza
La primera jornada del estado de emergencia en Lima y Callao dejó un consenso en las calles: la gente quiere seguridad, pero no confía en que esta vez sea diferente. La República recorrió zonas de Lima Este, Sur y Centro, además de recoger opiniones en Trujillo y el Callao. Entre el miedo y el escepticismo, las voces ciudadanas revelan una sensación compartida: el problema ya no es solo la delincuencia, sino la falta de autoridad.
“Los atrapan y los sueltan”
En el paradero Las Flores, en San Juan de Lurigancho, vecinos coincidieron en que los patrullajes deben ir acompañados de reformas legales.
“Es una buena medida, pero el Congreso tiene que hacer leyes más estrictas. A los ladrones los atrapan y al rato los sueltan. Así no cambia nada”, señaló una mujer.
La misma entrevistada contó que su hija fue víctima de robo hace menos de una semana: “Atrapamos a los dos delincuentes, los llevamos a la comisaría, pero los soltaron. Uno tenía 18 años y el otro 17. Siguen robando como si nada”.
Otros vecinos reclamaron más presencia de militares durante el día. “Los extorsionadores trabajan a toda hora. San Juan de Lurigancho debería ser el punto de mayor control”, comentó un ciudadano. Otro añadió: “Muchas personas sufrimos amenazas y extorsión. Estamos cansados”. Un vecino más precisó: “Un día nomás, es flor de un día. Todos sabemos cuáles son las zonas calientes, ahí deben actuar. A mi cuñada le cobran semanalmente por su movilidad”.
En Santa Anita, una residente observó “militares parados, mirando su celular, en vez de pedir documentación o revisar quiénes tienen requisitoria". "Necesitamos un sistema público para saber quiénes son los criminales”, agregó.
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“Es una buena medida, pero también perjudica”
En Villa María del Triunfo, los testimonios se dividieron entre el apoyo y la resignación. “Está bien por la cantidad de extorsionadores que hay, pero también perjudica a quienes trabajan de noche. Bajan las ventas, cierran locales, y eso también golpea”, explicó una vecina.
Otra entrevistada recordó que la medida no es nueva: “Esto ya lo hicieron la vez pasada y no dio resultado. Si ponen más énfasis, quizá funcione. Pero si no hay militares en la calle, ¿qué va a cambiar?”.
La mayoría coincidió en que el estado de emergencia podría reducir parcialmente los delitos, aunque no erradicarlos. “No será al 100 %, pero si al menos baja un poco la inseguridad, ya es un avance”, dijo un joven.
“Si es solo por unos días, no servirá”. En la estación La Cultura (San Borja) y el Jirón de la Unión, transeúntes destacaron la presencia de policías y militares, aunque la calificaron como simbólica. “Lo importante es que se queden y usen inteligencia”, opinó José, un joven.
En el centro, Margarita, otra entrevistada, cuestionó al gobierno: “Se les salió de las manos el país, por eso están en estado de emergencia. Este presidente está sostenido por la misma gente de Dina. Nos afecta a todos. Es peligroso salir de casa”, dijo.
Y añadió: “No comparto la idea de que esto reducirá las extorsiones o los asesinatos. Este país es rico, pero en gobierno, pésimo”. Contó que no ha visto militares en las calles: “Hoy día no he visto a ninguno, y eso que estamos en emergencia”.
“En Trujillo no cambia nada”
En Trujillo, donde el estado de emergencia rige hace más de un año, la población se mostró abiertamente escéptica. “El estado de emergencia no sirve para nada, la delincuencia sigue igual o peor”, dijo una profesora.
Otro ciudadano agregó: “Esto es solo propaganda. Mientras no se infiltren las bandas y se capture a sus jefes, todo seguirá igual”. Un agricultor resumió el clima general: “Todos los días matan a alguien en el valle. Ya nadie confía ni en la Policía ni en el Gobierno”.
Desde el Callao, otra zona crítica, un entrevistado calificó la medida de manera tajante: “Es una payasada, lo hemos visto antes y no ha servido. No es contundente. Se tienen que tomar medidas mucho más radicales”, dijo.
La percepción es clara: la población respalda las acciones contra la delincuencia, pero desconfía del aparato estatal que las ejecuta. “Queremos vivir tranquilos otra vez”, dijo una mujer en Villa María del Triunfo. “Pero eso no pasa con discursos ni con cámaras, sino con justicia real”.