Un “manto de protección a los corruptos de siempre”: el criticado veredicto del caso SQM

Durante esta jornada se dio a conocer el veredicto del caso SQM. Una de las causas más emblemáticas de financiamiento irregular de la política que, tras el fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, dejó sin condenas a los imputados. Así, figuras como Patricio Contesse, Pablo Longueira o Marco Enríquez-Ominami, quedaron absueltos de cargos por delitos tributarios, cohecho y soborno.

Apenas culminada la audiencia, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, defendió el rol del Ministerio Público. “El fallo de mayoría no se condice con la prueba que fue rendida”, mencionó, a raíz de la votación 2 a 1 que permitió la absolución de los acusados.

“No hablaría de derrota, esto termina un capítulo con el deber cumplido. Nosotros desarrollamos una investigación seria, responsable, con una mirada objetiva, que nos llevó a la convicción de interponer una acusación”, recalcó la fiscal, insistiendo que el Ministerio Público “hizo todo lo que estuvo de su parte para agilizar el desarrollo del procedimiento”.

Un veredicto que pone el foco de las críticas en el sistema judicial una vez más. En su cuenta de X, el exfiscal Carlos Gajardo, sostuvo que es un caso “evidente de corrupción y delitos tributarios que implicó transversalmente a toda la clase política, resultan absueltos los pocos que fueron llevados a juicio. Un papelón del sistema”.

El caso SQM, un caso evidente de corrupción y delitos tributarios que implicó transversalmente a toda la clase política resultan absueltos los pocos que fueron llevados a juicio.
Un papelón del sistema y que refuerza la idea de que en Chile sólo se encarcela pobreza.

— Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) October 22, 2025

Impunidad y dudas en el proceso

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado Mauricio Daza, quien también fuera querellante del caso SQM, entregó su visión acerca del precedente que este veredicto significa para el sistema de justicia. “En nuestro país existe, yo diría, una cultura institucional de impunidad respecto de los delitos de corrupción graves cometidos por altas autoridades y grandes grupos económicos”, comentó.

Coincidiendo con la fiscal Perivancich acerca del voto dividido, dos a uno, y destacando que uno de los magistrados estuvo “precisamente por condenar tanto a Patricio Contesse como a Pablo Longueira”, Daza se explayó acerca del proceso y las pruebas presentadas por los acusadores.

“En ese ámbito, sostener, por ejemplo, que los correos electrónicos habrían sido una prueba ilícita en un contexto de debate intenso, que se produjo antes del inicio del juicio oral, es absolutamente excesivo”, señaló el abogado.

Asimismo, atacó otros de los fundamentos del tribunal acerca de los tiempos del proceso. “Afirmar que el Ministerio Público habría vulnerado de manera masiva los derechos y garantías fundamentales de los acusados, también creo que es algo excesivo. Sobre todo si es que se considera que muchos de estos debates se produjeron precisamente antes del juicio oral, incluso llegaron a los tribunales superiores de justicia y cada vez se descartó ese tipo de argumentos”, recordó. No obstante, reconoció que “siempre se pueden hacer las cosas mejor”.

“Sostener que no se habría ni siquiera acreditado que esas facturas corresponden a servicios que nunca se prestaron, también creo que es un exceso bastante grosero”, continuó con sus reparos el abogado hacia el veredicto del tribunal, que alegó que algunos antecedentes presentados por los acusadores eran “confusos y poco claros”.

Incluso, Daza expuso que durante el proceso, muchos de los acusados no discutieron que las facturas fueron presentadas con la finalidad de financiar actividades políticas y no para justiciar la presentación de servicios que no se realizaron. “Que los dos jueces que firmaron el veredicto de mayoría nieguen estas circunstancias por falta de prueba creo que es incorrecto”, señaló.

Por otro lado, acerca de los cuestionamientos al Ministerio Público, el abogado sostuvo que: “Obviamente se pudo haber acotado la presentación de la prueba, si se pudo haber dividido la acusación, para efectos de llevar esto en vez de un gran juicio tan extenso, en varios juicios más acotados y cortos”.

“Pero insisto, acá, más allá de los cuestionamientos a la estrategia que pudo haber realizado el Ministerio Público, hay que considerar que esta causa está dentro de un contexto mayor. Donde hubo acciones muy importantes de todo el espectro político y que se concretó en tratar de que esta arista del financiamiento ilegal de la política no pudiese ser investigada de una manera eficaz y oportuna”, recordó el experto.

A pesar del veredicto, Daza ve como una buena señal el voto de minoría. “Uno de esos jueces consideró que había pruebas más que suficientes para condenar, sobre todo a Patricio Contesse y Pablo Longueira, respecto a delitos de soborno y cohecho”, recalcó.

Por lo mismo, no da por cerrado el episodio, asegurando que esa falta de unanimidad permite estar “frente a una situación que todavía está abierta”. “No es razonable repetir un juicio de dos años y medio, lo que sí es razonable es utilizar una parte, al menos de esta sentencia, para los efectos de poder hacer una repetición de una parte de las imputaciones que se han efectuado”, apuntó respecto a las acusaciones que pesan sobre Contesse y Longueira.

Reacciones políticas en caso Longueira

En tanto, en el mundo político, el diputado del PC y exabogado querellante en el caso SQM, Matías Ramírez, expresó sus críticas a la absolución de los imputados, en particular de Pablo Longueira. “Hoy la justicia ampara una red de corrupción que durante décadas influyó en las decisiones políticas”, lamentó.

“Pablo Longueira no solamente tramitó la invariabilidad tributaria de SQM Salar y SQM Nitrato, sino que también firmó los contratos de esas empresas mientras era ministro de Economía”, prosiguió, asegurando que la resolución “genera un manto de protección a los corruptos de siempre”.

En contraparte, a través de una declaración pública, la UDI cuestionó la extensión del caso. “Esto nos lleva a cuestionar la idoneidad e imparcialidad de ciertos fiscales para este cargo tan importante, y sobre la necesidad de introducir cambios legales que resguarden con eficacia el principio de objetividad”, expresaron en el documento.

Acerca de la situación específica de Longueira, resaltaron que “la Fiscalía le ofreció muchas veces salidas alternativas que él nunca aceptó”. “Siempre exigió llegar a juicio para probar su inocencia”, cerraron desde la colectividad.