Harvey Colchado envía documento a José Jerí para derogar leyes 'pro-crimen': “Obstruyen investigaciones contra delincuentes”
El coronel Harvey Colchado informó a través de sus redes sociales que presentó un documento técnico ante la Presidencia de la República de José Jerí en el que sustenta por qué considera necesario derogar las denominadas 'leyes pro-crimen' aprobadas en el Congreso de la República.
“Es imposible combatir el crimen de forma efectiva mientras sigan vigentes las leyes pro-crimen. Por eso, he presentado un documento ante la Presidencia de la República con fundamentos técnicos que demuestran cómo estas normas obstruyen las investigaciones contra corruptos y delincuentes", escribió en su publicación.
"Además, mi equipo ha elaborado un reporte con las votaciones de todos los parlamentarios, para que la ciudadanía conozca con claridad quiénes votaron a favor de la impunidad”, agregó.
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Según explicó, estas normas obstruyen las investigaciones y benefician a corruptos y delincuentes al limitar las herramientas legales y operativas de la Policía Nacional y el Ministerio Público.
Además, Colchado precisó que ha elaborado un reporte con las votaciones de todos los parlamentarios, con el fin de que la ciudadanía conozca con claridad quiénes apoyaron estas iniciativas. “Tenemos derecho a saber quiénes legislan contra el país”, enfatizó.
En esa línea, anunció que, de ahora en adelante, publicará en sus redes sociales cada votación del Pleno vinculada con proyectos que, según él, amenacen la seguridad ciudadana, acompañadas del sustento técnico correspondiente.
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¿Cuáles son las denominadas leyes 'pro crimen'?
El Congreso de la República aprobó ocho leyes que diversos analistas y organizaciones de derechos humanos consideran que favorecen al crimen organizado al debilitar el sistema de justicia. Entre estas normas están: la Ley 32181, que eliminó la detención preliminar en casos de no flagrancia; la Ley 31990 (antes Proyecto de Ley 00565), que limita la figura de la colaboración eficaz.
La Ley 32108, que redefine la figura de “organización criminal” y dificulta los allanamientos; la Ley 32054, que impide procesar a partidos políticos como organizaciones criminales; la Ley 32130, que recorta competencias del Ministerio Público al favorecer que la investigación preliminar la haga la policía; y la Ley 32326, que eleva los requisitos para la extinción de dominio sobre bienes de origen ilícito.
Además, se han señalado modificaciones legales que reducen la definición de “crimen organizado” para excluir delitos de corrupción y ambiental, y medidas que afectan la independencia de jueces y fiscales.