¿Está Barcelona en riesgo de perder su liderazgo verde y justo?

Lo que antes era un ejemplo mundial de urbanismo verde y sostenible con perspectiva social ahora enfrenta retrocesos: supermanzanas frenadas, prioridades de inversión municipal cambiadas y desigualdad en el acceso al verde.

Durante años, Barcelona ha sido un referente mundial del urbanismo sostenible con justicia social. Las supermanzanas aparecieron en portadas internacionales de The New York Times o The Guardian como símbolo de un diseño urbano centrado en las personas y con perspectiva de género. La ciudad demostró que el verde urbano no era simplemente plantar árboles, sino repensar espacios públicos como el Parc de Les Glòries o los Ejes Verdes de las calles Consell de Cent o Girona como lugar de bienestar, salud, inclusión y resiliencia, atendiendo a las necesidades de la vida cotidiana. 

Hoy, sin embargo, ese liderazgo está en riesgo. Bajo el actual gobierno de Jaume Collboni, la agenda ecológica y social de la ciudad ha perdido ambición. Sin un modelo de ciudad claro, las respuestas a las demandas ciudadanas se han vuelto más reactivas que proactivas. Se han frenado ampliaciones de carriles bici, se ha intentado quitar algunos como los de Vía Augusta, y, en calles como Pelai, se ha devuelto espacio al coche en detrimento del peatón. Los proyectos continúan, sí, pero a menudo ralentizados, rebautizados o reducidos en nombre de un supuesto “equilibrio” con el turismo, el tráfico motorizado y los intereses empresariales.

Algunos ejemplos son el reciente Plan Calor, vinculado al anterior Plan Clima e impulsado por el indispensable equipo de técnicos y técnicas que creen en su trabajo independientemente del color político. O el Plan Clima Escuela, para la climatización de las escuelas públicas, financiado por el impuesto turístico. Hacer depender la climatización (basada únicamente en instalar aires acondicionados, sin renaturalización de las escuelas) en el turismo no es sólo irónico, sino que demuestra la falta de ambición y compromiso político en algo tan indispensable como la adaptación climática de la población infantil.

Barcelona fue pionera en urbanismo participativo y feminista. Herramientas como Decidim, los presupuestos participativos, así como guías de urbanismo sensible al género e iniciativas como Ciudad Jugable o Barcelona, ciudad amigable con las personas mayores mostraron que una metrópoli puede diseñarse pensando en la infancia, las mujeres, las personas mayores y la clase trabajadora. Y que lo que se diseña para beneficiar a un colectivo vulnerabilizado, acaba beneficiando a todos y todas. El espacio público se replanteó para convertirse en un espacio para cuidar, convivir con la biodiversidad y reducir desigualdades de salud, desde el estrés térmico hasta la contaminación del aire, privilegiando necesidades reproductivas en vez de objetivos productivistas. La reciente dimisión de la consejera del Ajuntament de Barcelona Janet Sanz, una de las impulsoras de una Barcelona más verde e inclusiva bajo los dos mandatos de Ada Colau, se suma a esta sensación de retroceso y estancamiento de los proyectos ambientales en la ciudad. 

El Pla Natura 2021–2030 marcó objetivos ambiciosos, con criterios de equidad y participación. Las supermanzanas y el programa de ejes verdes transformaron cruces dominados por coches en espacios comunitarios, reconocidos internacional y localmente. Sin embargo, actualmente las prioridades se centran en iniciativas más “grises” y reactivas como el Pla Endreça o el plan de choque en Sant Antoni. Mejorar la limpieza, el mantenimiento y la seguridad son importantes para garantizar el uso del espacio público por todos los públicos, sin duda, pero responden a problemas inmediatos sin abordar sus causas estructurales ni proponer nada transformador. Los procesos participativos han pasado a un segundo plano y el urbanismo con perspectiva de género ya no goza del mismo impulso político. 

Y mientras tanto, muchos de los objetivos del Pla Natura siguen siendo aspiracionales. Faltan planes de acción claros, indicadores de seguimiento y mecanismos de cumplimiento. La distribución del verde continúa siendo desigual: en distritos como el Eixample apenas hay 2 metros cuadrados de verde por persona y se respira contaminación a diario. Los proyectos suelen desplegarse en mayor medida donde hay suelo disponible (como las escasas e insuficientes zonas interiores de las manzanas), que donde la necesidad es superior, dejando atrás barrios como el Raval, Nou Barris o Sant Andreu. 

Además, si no va acompañado de políticas de vivienda, el reverdecimiento corre el riesgo de provocar gentrificación verde: nuevos parques y plazas que encarecen la vivienda y expulsan a los residentes a los que buscaban beneficiar. La transformación de Glòries es un buen ejemplo de cómo hacerlo mejor: espacios diseñados con criterios de biodiversidad, inclusividad y perspectiva de género, junto a vivienda social. Pero los números son elocuentes: cuatro edificios de vivienda pública y 238 pisos sorteados para más de 10.000 aspirantes no bastan. 

La experiencia de Barcelona ofrece dos lecciones clave. La primera: la justicia social y la sostenibilidad pueden integrarse desde el inicio, con herramientas participativas y perspectiva de género que sirvan de modelo para otras ciudades. La segunda: estos avances son frágiles. Corren el riesgo de diluirse en favor de agendas económicas o intereses partidistas si no se blindan con regulaciones vinculantes y estructuras de gobernanza sólidas. El compromiso con la resiliencia urbana y la justicia climática no puede depender del color político de cada mandato. Debe asumirse como prioridad compartida, porque atraviesa la movilidad, la vivienda, la salud, la economía y la vida cotidiana. En definitiva, condiciona el futuro de quienes habitamos la ciudad hoy y de quienes vendrán mañana.