El PP se pone del lado de la RAE frente a la "injerencia" y la "colonización ideológica" del Gobierno

El PP ya ha elegido bando en el conflicto entre los directores del Instituto Cervantes y de la Real Academia Española. Seis días después del final del X Congreso Internacional de la Lengua (CILE) en Arequipa (Perú) y dos semanas después del inicio de la polémica entre ambos, los populares han emitido ahora una nota para manifestar su apoyo a “la independencia” de la institución que capitanea Santiago Muñoz Machado frente a la “injerencia” y “colonización ideológica” del Gobierno por el ataque “injusto” del organismo que lidera Luis García Montero y que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores.

“No se trata de una discrepancia técnica ni de una salida de tono personal. Es una injerencia inaceptable en la autonomía de una entidad esencial para la proyección y unidad del español”, aseguran los conservadores que apuntan que lo sucedido entre Muñoz Machado y García Montero “no es un hecho aislado, sino una tendencia”. Por ello, explican, el PP dice “no a la colonización ideológica de la cultura que promueve el Gobierno de España y, con especial torpeza, su Ministerio de Cultura y de Asuntos Exteriores”.

Para el PP, existe una estrategia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez que “consiste en intervenir, homogeneizar y reescribir desde despachos políticos lo que debería protegerse con distancia, rigor y libertad”. “Esta deriva debe frenarse”, señalan. “Hoy es la Real Academia de la Lengua. Ayer fue la Real Academia de la Historia. Antes, el Museo Nacional de Antropología o el Museo de América, cuyos discursos museológicos fueron revisados por un comité político y politizado. Mañana podría ser la Biblioteca Nacional, cuya actuación cuestiona el propio Ministerio de Cultura”, explican los de Alberto Núñez Feijóo.

“No hay nada más dañino para la lengua que convertir su cuidado en un conflicto político. Lo que está en juego es el principio de autonomía que permite a la cultura desarrollarse libremente, sin servidumbres ni tutelas”, sostiene el PP que dice también que vivimos tiempos de “arrogancia institucional”. “Una cultura sometida y condicionada desde el poder es una cultura empobrecida. Igual de importante que defender la lengua es defender la independencia de las instituciones que la representan”, afirman.

Según el PP, la RAE es una “institución cultural independiente de profundo arraigo social y prestigio internacional”. Pero, lo cierto es que se trata de un organismo privado financiado por importantes empresas que recibe y gestiona una millonaria subvención todos los años de los Presupuestos Generales del Estado.

En concreto, recibe financiación por tres vías: patrocinios y donaciones de empresas que articula a través de su fundación privada, la venta de diccionarios y volúmenes (que cayó en picado tras el paso del papel al mundo online) y la subvención anual del Estado que en los últimos ejercicios ha sido de 7,4 millones. La parte privada de búsqueda y gestión de fondos se articula a través de la Fundación Pro Rae cuyo presidente es el gobernador del Banco de España mientras que el presidente de honor es el rey.

En cambio, el Instituto Cervantes tiene un presupuesto anual de 167 millones con el que abastece una red de sedes, cursos y eventos en todo el mundo, en países de habla hispana y no hispana. Como dinero público que es, sus cuentas y gastos están auditados, expone sus líneas estratégicas con transparencia y licita contratos.

La polémica entre ambas instituciones se remonta a unas declaraciones del director del Cervantes que criticó en una charla que la RAE no esté en manos de un filólogo, sino de un catedrático en Derecho Administrativo, “un experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias”. Tras las palabras de García Montero, la Real Academia emitió un comunicado porque consideró estas palabras una “agresión” a su director. 

Pero lo cierto es que Muñoz Machado aparece como administrador de una decena de empresas de consultoría y de negocios inmobiliarios en el registro mercantil. También fue conocido por ser vicepresidente de Telecinco en la época de Berlusconi, cuando fue investigado y acusado por un fraude millonario en el reparto de acciones, por el que se le pidieron 150 millones de pesetas de fianza y del que luego fue absuelto junto al resto de acusados.