Juan Pablo Valenzuela y fallas en aplicación del Simce: “No hay que sobredimensionar errores acotados”
La falla de la empresa proveedora INFER afectó al 3% de los colegios que debían rendir el Simce, mientras que el resto de establecimientos realizó la prueba con normalidad. El director del Centro de Investigación Avanzada en Educación, Juan Pablo Valenzuela, calificó lo ocurrido como un error puntual de la empresa y destacó que existen protocolos para reagendar la prueba y aplicar sanciones, asegurando que no se trata de un problema estructural del sistema educativo.
Una jornada marcada por la controversia se vivió este miércoles 22 de octubre en varios colegios de la Región Metropolitana, luego de que la falta de examinadores impidiera la aplicación de la prueba Simce de Matemáticas de 8° básico. La Agencia de Calidad de la Educación responsabilizó al proveedor externo INFER y anunció que aplicará las sanciones más severas contempladas en el contrato.
El secretario ejecutivo de la agencia, Gino Cortez, aseguró que más del 97% de los establecimientos educacionales del país logró rendir la prueba con normalidad, equivalente a más de 272 mil estudiantes, y que los colegios afectados tendrán sesiones complementarias en las próximas semanas. Cortez destacó que los porcentajes de aplicación de la prueba se mantienen dentro de rangos normales en comparación con años anteriores.
Por su parte, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, calificó la situación como “inaceptable” y ordenó un sumario administrativo para determinar responsabilidades. Arratia recalcó que el fallo de un proveedor no puede afectar el derecho de los estudiantes a la evaluación, y que el sistema cuenta con mecanismos de recalendarización para asegurar su correcta implementación.
Simce.
Desde la Defensoría de la Niñez, Anuar Quesille, catalogó el hecho como “gravísimo” y advirtió que constituye una vulneración directa al derecho a la educación, señalando que la reprogramación no garantiza igualdad de condiciones y genera frustración en las comunidades escolares. Además, advirtió que algunos liceos, que pasarán a depender del SLEP en 2026, no podrán contar con mediciones estandarizadas de calidad educativa.
Parlamentarios de Renovación Nacional enviaron un oficio al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, exigiendo antecedentes sobre los cursos y estudiantes afectados, copia del contrato con INFER y medidas disciplinarias. Los legisladores cuestionaron la gestión del Gobierno, calificando la situación como una falla estructural que refleja desorden en la administración y falta de control en la ejecución de políticas educativas fundamentales.
Experto en educación llama a no sobrereaccionar
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el director del Centro de Investigación Avanzada en Educación nuestra casa de estudios, Juan Pablo Valenzuela, se refirió a la contingencia generada por la suspensión parcial del Simce de Matemática de 8° básico, calificando lo ocurrido como “una falta gravísima de la empresa proveedora del servicio”, pero enfatizó que se trata de un hecho puntual y no de un problema estructural en la gestión de la Agencia de Calidad de la Educación.
“Lo que tenemos acá es un mal servicio de una empresa en particular, pero no una mala gestión de la evaluación ni un descrédito de la Agencia de Calidad. Afectó al 3% de las escuelas y hay protocolos para responder ante estas situaciones”, afirmó.
Director del Centro de Investigación Avanzada en Educación nuestra casa de estudios, Juan Pablo Valenzuela.
El investigador sostuvo que este tipo de imprevistos “ocurre con cierta frecuencia” en la aplicación de pruebas a gran escala, tanto nacionales como internacionales. “Chile participa regularmente en evaluaciones como PISA o ERCE, y en todos los países del mundo estos servicios son externalizados a consorcios especializados”, explicó.
Frente a las medidas anunciadas por la Agencia de Calidad, Valenzuela valoró la decisión de aplicar sanciones al proveedor: “Lo correcto es aplicar las multas y los protocolos establecidos en los contratos. También es razonable reagendar la prueba en las próximas semanas, considerando que muchas escuelas son locales de votación y que estamos cerca del cierre del año escolar”.
El académico llamó a no sobrerreaccionar políticamente en medio del actual clima electoral. “Pareciera que todas las situaciones, incluso las administrativas, se transforman en conflictos políticos. Este no es un tema de candidatos ni de sectores, es un error puntual que debe corregirse”, expresó.
En tanto, instó a los actores políticos y sociales a concentrarse en los desafíos sustantivos del sistema educativo: “Cuidemos las instituciones que funcionan y los instrumentos que aportan valor a las políticas públicas. Ojalá el debate se centre en metas como que todos los niños y niñas lean comprensivamente en segundo básico al 2030, en vez de sobredimensionar errores acotados”.