La oposición modifica la meta de superávit y LLA da señales de ceder sin aval de Economía
Pese a los intentos del Gobierno de volver a acercarse a la oposición que alguna vez supo ser funcional al presidente Javier Milei en el Congreso, los bloques "dialoguistas" decidieron avanzar con un dictamen alternativo del Presupuesto 2026 que reduce 0,6 puntos del superávit fiscal que planteó originalmente el Ministerio de Economía.
Según pudo saber El Cronista, el nuevo texto partirá de la base presentada en el proyecto del oficialismo, con diferencias en el articulado y el agregado sustancial de que se contemple el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la emergencia en Discapacidad y la emergencia sanitaria en Salud Pediátrica, que busca garantizar el financiamiento del Hospital Garrahan.
Se trata de las tres leyes que Milei vetó y el Congreso insistió con dos tercios. El Ejecutivo promulgó, en todos los casos, un decreto reglamentario que suspendió la ejecución de las leyes por no contar con una fuente de financiamiento. "No pueden pretender tener diálogo con el Congreso si ignoran las leyes que sancionamos", planteó la oposición.
La antesala había sido con Discapacidad, de la cual se desprendió una seguidilla de pedidos de moción de censura para interpelar y destituir al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por no cumplir con la reasignación de las partidas correspondientes para financiar la ley en su totalidad. Esta semana el Gobierno ratificó la estrategia con Universidades y Garrahan.
Fue después de eso que el diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal, anunció en la comisión de Presupuesto que irían con un proyecto alternativo. Este podría contar también con el apoyo de Unión por la Patria y Democracia Para Siempre, aunque también barajan dictámenes propios. La incógnita es si el PRO y la UCR se sumarán o apoyarán el del Gobierno, que podría no conseguir las firmas suficientes para el dictamen de mayoría.
El jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni, con Nicolás Massot
Las tres leyes implicarían un costo del 0,5% del PBI. Además, incorporarán un incremento de las cajas jubilatorias a $900.000 millones, lo cual implicaría otro 0,1%, según estiman desde el Congreso. De esta manera, el Gobierno conseguiría un superávit de 0,9% y no 1,5%, una meta que ya de por sí era menor a la que le habían prometido al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las fuentes parlamentarias que diagraman la estrategia aseguraron que la única manera de ir marcha atrás con el dictamen fijado para el 4 de noviembre es si el Gobierno Nacional publica un decreto la semana que viene convocando a sesiones extraordinarias con el Presupuesto 2026 en el temario, de manera tal que se garanticen la intención de que quieren avanzar con su aprobación y así evitar el portazo del año pasado.
Lo cierto es que, si bien diversas fuentes oficiales el Gobierno aseguraron que no hay ánimos de volver a prorrogar el Presupuesto, no fue ese el mensaje que recibieron los diputados de la oposición en la reunión extraoficial que tuvieron con funcionarios a comienzos de la semana.
Alberto Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
El lunes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el presidente de la comisión de Presupuesto, Alberto Benegas Lynch, convocaron a los "dialoguistas" a una reunión privada con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, para darles una muestra de diálogo.
"Guberman nos dijo que no hay margen de negociación y que no se toca la meta de superávit fiscal, que no hay plata. Fue intransigente, Menem y Rolandi no hablaron", contó uno de los diputados presentes a El Cronista. "Él está pensando nada más en pagar los intereses de la deuda", critican.
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el ex secretario de Finanzas, Pablo Quirno (flamante Canciller)
Sin embargo, fuentes de La Libertad Avanza que se abanderan en la nueva estrategia de "gobernabilidad" aseguraron ante El Cronista y otros medios que sí estaban conversando para revisar si dentro del 20% o el 15% de las partidas no indexadas podrían otorgar parcialmente algunos pedidos. La versión trascendió tanto desde el ámbito del Palacio Legislativo como en Casa Rosada.
No es la primera vez que la cartera de Economía le pone un freno a la gestión política, ya que cuando los gobernadores a mitad de año se acercaron a Balcarce 50 para plantear la reforma de la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los Combustibles, Francos y Eduardo "Lule" Menem habían interpretado el pedido como razonable, dijeron que iban a presentar una contrapropuesta y finalmente Guberman les comunicó a las provincias que no iba a ser posible sin un traspaso de la responsabilidad por las obras públicas.
Lo que sí es diferente, según advirtieron fuentes consultadas, es que el Presupuesto autoriza gastos pero no obliga al Ejecutivo a gastar. Es decir, si el Congreso consigue aprobar esta modificación de la meta del superávit en el Presupuesto el Gobierno igual podría no cumplir las leyes.
La batalla será más bien política, ya que el equipo del Presidente busca dar muestras de gobernabilidad y fortaleza institucional para poder sacar adelante las reformas estructurales. "La señal es más fuerte con un superávit menor pero con el consenso de ambas Cámaras que si el Gobierno muestra un dibujo del 1,5 sin una sanción", interpretó uno de los diputados que está en la conversación.