El derrocado expresidente de Madagascar, Andry Rajoelina, es despojado de su nacionalidad malgache
El gobierno de Madagascar ha retirado oficialmente la nacionalidad malgache al expresidente Andry Rajoelina, según un decreto publicado el viernes 24 de octubre en el Journal Officiel (publicación oficial del Gobierno de Madagascar). La decisión se basa en el artículo 42 del Código de la nacionalidad, que establece que “pierde la nacionalidad malgache todo ciudadano que adquiera voluntariamente una nacionalidad extranjera”. Rajoelina, de 51 años, fue naturalizado francés en 2014, cuando no ejercía funciones públicas. Según señaló la emisora internacional francesa RFI, el decreto fue firmado por el primer ministro Herintsalama Rajaonarivelo y tiene efecto inmediato. La pérdida de la nacionalidad implica también la pérdida de los derechos políticos, incluido el derecho a presentarse a elecciones. La medida se produce apenas diez días después del golpe de Estado militar que destituyó a Rajoelina, tras semanas de protestas y una sublevación del CAPSAT, una unidad del ejército. La naturalización francesa de Rajoelina fue revelada públicamente en junio de 2023, a pocos meses de las elecciones presidenciales. El hecho generó un intenso debate sobre la legalidad de su candidatura, ya que la Constitución del país exige que el presidente tenga exclusivamente la nacionalidad malgache. Aunque el Consejo Constitucional validó su candidatura en 2023, el tema volvió a cobrar fuerza tras su derrocamiento. La pérdida de la nacionalidad malgache impide a Rajoelina ejercer cualquier función pública en Madagascar. El decreto se inscribe en una estrategia del nuevo gobierno militar para cerrar el ciclo político del expresidente. La medida también podría tener repercusiones diplomáticas, dado que Rajoelina conserva la nacionalidad francesa. El decreto implica que Rajoelina no podrá presentarse a ninguna elección en Madagascar, ni ocupar cargos públicos. La sanción se considera irreversible salvo reforma constitucional. El expresidente fue destituido el 14 de octubre tras abandonar el país en medio de una crisis institucional. En declaraciones recogidas por LSI Africa, el portavoz del gobierno malgache afirmó que “no se trata de una sanción política, sino de la aplicación estricta del artículo 42 del Código de la nacionalidad”. Añadió que “la transparencia institucional exige que todos los ciudadanos, incluidos los exjefes de Estado, respeten las normas vigentes”.