‘Huachicol’ hídrico en Edomex: Agua con cloro y 59% más cara, así la vendían ilegalmente
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reveló el viernes la existencia de una red de comercio ilegal de agua en la entidad, que operaba con pozos clandestinos, “ordeña” de redes y distribución a través de pipas sin permisos.
En algunos municipios, el líquido era vendido hasta 59 por ciento más caro que la tarifa regulada, pese a que no era agua potable: sólo se le añadía cloro antes de su venta.
Las investigaciones formaron parte de la “Operación Caudal”, un despliegue conjunto entre autoridades federales, estatales y municipales que intervino 189 inmuebles en 48 municipios del Estado de México.
Durante los operativos se aseguraron 322 pipas, 37 vehículos y se realizaron 142 cateos judiciales para frenar la extracción y venta ilícita del recurso.
Pozos clandestinos y tarifas abusivas
De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, las pesquisas permitieron identificar cadenas de comercio ilícito de agua que operaban desde pozos sin autorización o sobreexplotados con infraestructura mecánica y eléctrica.
En otros casos, el líquido era robado directamente de las redes públicas y después distribuido por transportistas a precios muy por encima de los establecidos.
El análisis de mercado realizado por las autoridades reveló que el precio promedio regulado para uso doméstico es de mil 131 pesos por cada 10 mil litros, pero en Ecatepec los compradores pagaban un sobrecosto del 59 por ciento, en Cuautitlán un 41.4 por ciento, en Tlalnepantla un 32.4 por ciento, y en Toluca cerca del 10 por ciento.
Además del aumento desmedido, la Fiscalía advirtió que el agua proveniente de los pozos clandestinos no pasaba por ningún proceso de potabilización.
Los vendedores sólo le agregaban cloro, lo que podría generar riesgos a la salud de las familias que la consumían.
¿Quién controlaba la venta ilegal de agua?
Las investigaciones apuntan a que la venta ilegal estaba controlada por organizaciones sociales que operaban como supuestos sindicatos, entre ellas la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), Los 300, Libertad, 25 de Marzo, 22 de Octubre y Chokiza.
Estas agrupaciones —según la Fiscalía— imponían precios, controlaban rutas y obligaban a los habitantes a comprar agua sólo a sus transportistas afiliados, quienes marcaban sus pipas con logotipos y calcomanías para identificarse.
Algunas de estas redes operaban en complicidad con comisariados ejidales, servidores públicos y particulares.
En los operativos también se detectaron prácticas de acaparamiento, extorsión, despojo de agua y encubrimiento, además de delitos como robo y abuso de autoridad.
La Fiscalía del Estado de México informó que ya ejercita acción penal contra integrantes de estas organizaciones y funcionarios involucrados.
‘Operativo Caudal’: 48 municipios bajo vigilancia
El despliegue de “Caudal” comenzó en los primeros minutos del 24 de octubre, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal, la CONAGUA y organismos municipales de agua.
Las acciones fueron coordinadas desde la Mesa de la Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
Las fuerzas de seguridad intervinieron en municipios estratégicos como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, Chalco, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Texcoco y Valle de Bravo, entre otros.
Durante los cateos se localizaron 51 pozos y 138 tomas clandestinas, además de que fueron detenidas siete personas en flagrancia por diversos delitos, entre ellos ataque peligroso, portación de arma prohibida y delitos contra el servicio público y distribución del agua.
La Fiscalía mexiquense subrayó que las acciones no afectaron la operación de los pozos oficiales ni el abasto de agua para la población. En caso de alguna contingencia, la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) y los organismos municipales contaban con un plan para garantizar el suministro.
Con la Operación “Caudal”, el Estado de México enfrenta un nuevo frente en el combate al “huachicol hídrico”, una práctica que combina corrupción, lucro y riesgo sanitario, y que durante años convirtió al agua —el recurso más básico— en un negocio clandestino con precios de lujo.