María Inés Horvitz y veredicto del caso SQM: “Queda la sensación de que el Ministerio Público termina las causas por la vía exprés”
El sorpresivo veredicto que absolvió a todos lo imputados de la emblemática causa judicial sobre financiamiento irregular de la política, conocida como caso SQM, ha generado una profunda controversia en el mundo político y jurídico. La decisión se basó principalmente en dos argumentos procesales: la supuesta ilicitud de pruebas clave y la vulneración del derecho a ser juzgado en un “plazo razonable”.
Para la exconsejera del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, el fallo es “claramente favorable únicamente a las defensas” y adolece de fundamentos sólidos.
“Nunca he visto un veredicto tan poco sólido, a pesar de que hubo tanto tiempo para haberlo eventualmente hecho más prolijo”, sentenció la experta en conversación con el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile.
Prueba ilícita: una “argumentación artificial”
Uno de los pilares del veredicto fue la decisión de declarar ilícita la prueba obtenida de los correos electrónicos de Patricio Contesse. Según Horvitz, quien participó en la redacción del Código Procesal Penal, este argumento fue “levantado artificialmente” por la defensa y desestimado en todas las instancias previas al juicio.
La académica explicó que el propio Contesse autorizó la incautación de su computador y entregó sus claves. “Desde luego uno no incauta un computador para mirarlo o para tenerlo allí como un adorno, sino que para revisarlo”, ironizó la también académica de la Universidad de Chile.
La doctora en Derecho sostuvo que el tribunal se extralimitó al invalidar la prueba, una discusión que legalmente debió zanjarse en la audiencia de preparación. “Se nota un cierto sesgo en querer declarar ilícita esa prueba y además toda la derivada de ella. Es decir, lo que se llama la doctrina de los frutos del árbol envenenado”, precisó, indicando que con esto “se deja fuera un montón de pruebas” de manera irregular.
Pablo Longueira en el juicio oral caso SQM. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.
Plazo razonable: un reproche exclusivo a la Fiscalía
El argumento central de la absolución fue la supuesta vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, imputando la demora exclusivamente a la gestión del Ministerio Público. Horvitz calificó esta visión como parcial, asegurando que “es un juicio y una condena al Ministerio Público”.
La experta detalló que el veredicto omitió por completo el rol de las defensas y del propio tribunal en la dilación del proceso.
“No hace ninguna alusión al comportamiento de las defensas que plantearon innumerables incidentes, eso sí me tocó verlo. Cautela de garantía, amparo, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Todo eso retrasó la causa“, señaló.
Además, Horvitz apuntó a la responsabilidad del propio Poder Judicial en la demora: “El juez a cargo de la causa pidió vacaciones (…) creo que fueron dos meses, y luego además se tardó muchísimo en dictar el auto apertura de juicio oral, que fue tan defectuoso que hubo que plantear una serie de incidencias para corregir”.
Marco Enríquez-Ominami a las afueras del Centro de Justicia en el marco de la audiencia del caso SQM previo al veredicto. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile
El desincentivo a perseguir delitos de poder
Consultada por la sensación de impunidad que genera el fallo, la exconsejera del CDE fue enfática en que “absolución no significa inocencia”, sino que no se alcanzó el altísimo estándar de prueba exigido, en parte, porque el tribunal desestimó evidencia fundamental.
Para la académica, la principal consecuencia de este veredicto es el negativo precedente que sienta para la persecución penal de delitos complejos que involucran a personas con poder.
“Queda la sensación de que, en general, el Ministerio Público termina las causas por la vía exprés, ¿no es cierto? O termina con salida alternativa, suspensión de procedimiento, abreviado”, lamentó.
Horvitz concluyó que este tipo de fallos desincentivan a los fiscales a llevar casos graves a juicio oral. Advirtió que se promueve el uso de “juicios abreviados”, donde no hay un debate real de la prueba, sino un “reconocimiento de actas” tras una negociación. “Y eso se hace sin que la gente pueda saber exactamente en base a qué se condenó”, un mecanismo que, a su juicio, facilita la situación para “personas con cierto poder y tienen además abogados dedicados prácticamente a ellos”.