El 'caso Inparsa' o como perder el control de una empresa solvente por la puerta de atrás de la Ley Concursal
La Ley Concursal, que fue recibida con satisfacción empresarial porque solucionaba problemas que hasta ahora impedían una salida negociada a los problemas económicos y financieros de una compañía en apuros, se ha convertido en una trampa para algunas de ellas, que han perdido el control de sus sociedades por la puerta de atrás de esta Ley, «que permite que un acreedor no impagado pueda terminar apropiándose del control de una empresa solvente». Quién hace esta denuncia es Inversiones y Parcelaciones Urbanas (Inparsa), integrada en el Grupo Beatriz Hoteles, que «pese a que somos una empresa hotelera viable y solvente, con financiación concedida, activos revalorizados y cuentas auditadas, terminamos perdiendo el control por una decisión judicial que homologa un plan de reestructuración presentado por un fondo buitre».
En Inparsa se refieren al gestor de inversiones Blantyre Capital, con sede en Londres y que ha actuado a través de su vehículo inversor en España, Meru, que había adquirido parte de la deuda bancaria «y aprovechó su ocasión». Se sobrepuso a la resolución del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria de julio de 2024, que sentenció que no existía «insolvencia ni actual ni inminente» y que confirmó que la declaración unilateral de vencimiento anticipado «no podía servir de base para una reestructuración forzosa». A partir de ahí, la empresa logró nueva financiación y cumplió con sus obligaciones deudoras, a la espera de la finalización del trámite judicial que debía determinar la procedencia o no de parte de la deuda participativa con carácter condonable.
En ese proceso, Inparsa logró una financiación de 65,5 millones para abonar íntegramente su deuda al sindicado y a los acreedores. Pero cuando la financiación ya estaba acreditada en el juzgado, Meru volvió a presentar el plan en otro Juzgado, el número tres de la isla, que sí lo admitió «pese a que existía otro procedimiento en curso y una apelación pendiente del mismo plan», señalan desde Inparsa, que aún así presentó un plan alternativo «con el voto positivo de todos los demás acreedores salvo Meru», que aseguraba el pago a todos los acreedores y supeditaba los créditos no condonables a la resolución judicial. Dicho plan fue inadmitido por el juez y suspendida su tramitación, que ya ha sido apelada. En este punto, lo que en principio iba a ser un proceso de refinanciación rutinario sin problemas judiciales, finalmente se ha convertido en una componenda legal que ha forzado los límites de la nueva ley concursal, aprovechándose de una puerta de atrás para lograr el control de esta compañías, que había conseguido recuperar la solvencia.
Y así se llega al pasado 18 se septiembre, día en el que el juzgado número 3 «homologó el plan del fondo y entregó el 70% de la compañía a Blantyre, limitando su valor real a la mitad, de 140 millones a 70. En Inparsa denuncian que este juzgado «ha resuelto un caso sin tener competencias plenas ni ‘‘vis atractiva’’ para hacerlo y, en su fallo, entregó el control a un fondo buitre. ¿Puede un juez negar el pago a un acreedor? ¿Puede saldar no solo la deuda sino enriquecer al acreedor en una cuantía el doble de su deuda?», se preguntan desde el grupo hotelero.
Tras la sentencia dictada por el citado juzgado, Inparsa se ha convertido en la cuarta compañía –después de lo ocurrido en Celsa, Naviera Armas y Grupo Rator– cuyos dueños han perdido su control tras darse validez a la homologación del plan de reestructuración no consensuado presentado por los acreedores mayoritarios. En el caso de Blantyre señalan que esta resolución «refuerza la seguridad jurídica en el proceso de reestructuración empresarial, ofreciendo certidumbre tanto a los acreedores como a la compañía en cuanto a la validez y la eficacia de los acuerdos alcanzados».
Sin embargo, desde Inparsa acusan a Blantyre, cuyo «único mérito ha sido adquirir parte de la deuda bancaria», de haber alegado un supuesto «cambio de control» para declarar el vencimiento anticipado de la deuda y presentar un plan de reestructuración «con la pretensión de convertir deuda en capital y quedarse con la empresa», pese a que Inparsa pagaba puntualmente todas sus obligaciones y no existía insolvencia alguna». Sus acusaciones van más allá y denuncian que «el objetivo final no era otro que hacerse con una compañía valorada en 150 millones de euros por una deuda de 42 millones, en un intento de repetir el modelo utilizado en el ‘‘caso Celsa’’, pero esta vez lo han llevado a cabo contra una empresa que ha demostrado ser claramente viable y solvente».
Expertos consultados por LA RAZÓN apuntan que este caso ilustra una «interpretación distorsionada del espíritu de la Ley Concursal», porque a pesar de que nació como una fórmula para rescatar empresas en situación de insolvencia real, «se está utilizando para permitir operaciones especulativas sobre sociedades sanas. Si se consolida esta doctrina, cualquier acreedor podría apropiarse de una empresa solvente simplemente declarando un vencimiento anticipado, forzando un plan de reestructuración y apoyándose en una valoración desactualizada». También destacan que el «caso Inparsa» en una muestra «de la inseguridad jurídica empresarial, en la que un fallo judicial despoja a una empresa de su control en favor de un acreedor».
En Blantyre la visión es completamente diferente y aseguran que la reestructuración «logra garantizar la viabilidad de la compañía y la continuidad del empleo en los hoteles». El inversor con sede en Londres defiende que su plan, «aprobado judicialmente, reduce la deuda a niveles sostenibles y extiende el plazo para su amortización. A partir de ahora, con una estrategia de gestión activa y un ambicioso programa de inversión, nos enfocaremos en la creación de valor sostenible para todos nuestros grupos de interés». Además, insisten en que «la seguridad jurídica que transmite esta sentencia refuerza a España como una jurisdicción seria y moderna para canalizar inversiones». Creen que la homologación de su plan de reestructuración supone «la única alternativa viable para lograr garantizar la futuro de la compañía, al reducir la deuda a niveles sostenibles y extender el plazo para su amortización».
En Inparsa insisten en que se han «vulnerado derechos constitucionales, como el la propiedad, la tutela judicial efectiva, el principio de seguridad jurídica y el propio Derecho de la Unión Europea», en concreto la directiva 2019/1023, que «protege empresas viables para evitar desposeerlas con fórmulas abusivas»..
Cuatrecasas y la auditora LexAudit han asesorado esta operación, como ya hicieron con anterioridad en otros casos.