LA catástrofe de la dana no solo devastó territorios y cobró vidas, también alteró de raíz el mapa político de la Comunidad Valenciana. Un año después, Carlos Mazón se ha convertido en un presidente reprobado por la ciudadanía, abandonado por sus bases y sin horizonte de recuperación. Lo que empezó como una crisis de gestión se ha transformado en una crisis de liderazgo de carácter estructural. El hundimiento de Mazón no se explica solo por los errores cometidos durante la emergencia, aunque su ausencia del Cecopi y su negativa a pedir ayuda estatal sellaron un divorcio emocional con la ciudadanía. Tampoco es atribuible únicamente a la erosión judicial, pese a que el auto de marzo y la imputación de su exconsejera Salomé Pradas supusieran un punto de inflexión. Lo que ha quebrado en la opinión pública es la legitimidad misma de su permanencia en el cargo. El rechazo no es solo mayoritario: es transversal, persistente y difícilmente reversible. La encuesta de GAD3 publicada por ABC y 'Las Provincias' no deja lugar a dudas. Tres de cada cuatro valencianos exigen su dimisión. Más de la mitad de sus propios votantes preferirían acudir a las urnas antes que mantenerlo hasta el final de la legislatura. La desautorización no es ya coyuntural ni producto del desgaste ordinario del poder. Es una sentencia política. Una que afecta no sólo al presidente de la Generalitat sino también a la estabilidad futura del Partido Popular en la Comunidad Valenciana donde la fragmentación interna se agudiza por la ausencia de un liderazgo legitimado. Lo más relevante, sin embargo, es que este vacío de liderazgo no ha reactivado a la izquierda, sino que ha estimulado una pugna interna dentro del propio espacio popular. María José Catalá, alcaldesa de Valencia, se perfila como la alternativa con mayor respaldo social. Su gestión local, su perfil institucional y su alejamiento del epicentro de la crisis la sitúan como opción de renovación. Frente a ella, el retorno de Francisco Camps se sostiene más en la nostalgia que en la demanda real de los electores, y su insistencia solo acrecienta la impresión de un partido que no ofrece alternativas claras. Ni Esteban González Pons ni los nombres menores del organigrama autonómico tienen interés o han logrado articular una propuesta de futuro. En este contexto, la ambigüedad de Génova se ha vuelto insostenible. ABC ya exigió en marzo la dimisión de Mazón por sus graves errores. El PP nacional defendió entonces que había que darle oportunidad para reparar el daño, confiando en que la reconstrucción lo rehabilitara ante la opinión pública. Los datos, sin embargo, desmienten ese cálculo: poco más del 10 por ciento de su electorado lo quiere como candidato. Su figura, lejos de estabilizar el tablero, se ha convertido en el principal factor de inestabilidad. El liderazgo alternativo existe, pero necesita definición, determinación y, sobre todo, un nuevo relato. No se trata de una cuestión de nombres, sino de restablecer la autoridad moral del Gobierno autonómico y reconstruir la confianza en las instituciones. Prolongar esta parálisis solo conduce a ahondar el descrédito institucional y a normalizar un vacío que compromete la estabilidad del autogobierno. Gobernar sin confianza social es una forma de desgobierno. La Comunidad Valenciana no puede permitirse más tiempo sin liderazgo. La salida de Mazón no resolverá todos los problemas, pero es el primer paso para recuperar la dignidad institucional que exige esta tierra herida.
