El PP andaluz consultó en 2017 las actas del Congreso sobre García Caparrós que el PP nacional se niega a abrir a su familia

Un parlamentario andaluz del Partido Popular pidió (y consiguió) acceder a los mismos documentos del Congreso relativos al asesinato del joven Manuel José García Caparrós que, por lo votado en la Mesa del Congreso, el PP nacional se niega a aportar a los familiares del joven que murió de un disparo de bala tras una manifestación por la autonomía andaluza. Esta posición del PP a nivel nacional contradice el compromiso de apoyo que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha trasladado en varias ocasiones a la familia.

Estos días, las tres hermanas apuran los tiempos antes de acceder a esos documentos, que han exigido a través de todo tipo de iniciativas desde hace más de una década. La Mesa del Congreso deberá votar próximamente sobre la solicitud que ellas registraron en cuanto les fue posible, una vez que el BOE publicó el nuevo reglamento de acceso a los archivos del Congreso, aprobado con los votos favorables en la Mesa de PSOE y Sumar, y en contra del PP. La nueva votación obligará al PP a retratarse.

Hace ahora un mes, el voto en contra en la Mesa provocó un cortocircuito en Andalucía, donde Moreno lleva años puliendo con mimo su discurso andalucista, con gestos que incluyen la promesa a las hermanas García Caparrós de que defendería su causa. Para explicar esta disonancia, el PP en Andalucía alegó inicialmente que el voto en contra a que sus compañeros de la Mesa “no sabían” lo que estaban votando, pero este medio ha podido acreditar lo contrario. El contenido de las actas de la Mesa el día de la votación, reveladas por elDiario.es, demuestra que los diputados del PP sabían que aquella reforma legal afectaba directamente a la familia García Caparrós.

La explicación más reciente, ofrecida por el portavoz del Grupo popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, es que la Mesa no votaba una iniciativa sobre la apertura del expediente de García Caparrós, sino contra “una norma general” y que, en todo caso, “la familia va a acceder sí o sí cuando se cumplan 50 años, no es algo insalvable ni que se vaya a prolongar en el tiempo”.

La contradicción puede rastrearse hasta los tiempos en que el PP de Moreno era oposición al Gobierno de Susana Díaz. Juan Ramón Ferreira Siles, por entonces parlamentario andaluz por Granada y miembro de la Comisión de Memoria, fue autorizado el 12 de diciembre de 2017 por la Mesa del Congreso de los Diputados a consultar los documentos anonimizados. Lo hizo en nombre del Grupo Popular en el Parlamento andaluz.

Ferreira es una de las pocas personas que, hasta ahora, ha podido ver las actas completas de la Comisión de Encuesta que investigó en el Congreso, a finales de 1977, los sucesos de Málaga y La Laguna (Tenerife). Todas ellas vienen relacionadas en un escrito emitido por la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo en enero de 2025, que informaba negativamente a la solicitud de Sumar para que la Mesa del Congreso desclasifique y permita el acceso a toda la documentación en su poder “relativa al asesinato de Manuel José García Caparrós”, por considerar que la legislación confería a esa documentación carácter secreto.

Este medio ha contactado reiteradamente con el exdiputado Juan Ramón Ferreira, que no ha respondido a las preguntas de elDiario.es.

“Unos días más no es nada”

El nuevo sistema facilitará la consulta de documentos sobre víctimas de la guerra, la dictadura, la resistencia guerrillera al franquismo, los españoles en campos de concentración o durante la Transición, siempre que lo pidan los interesados o sus familiares. Y ahí se incluyen las actas, completas y sin anonimizar, de la comisión del Congreso que en 1978 investigó el asesinato de García Caparrós.

Las hermanas de García Caparrós han solicitado acceso a la documentación, y serán llamadas próximamente, según les han explicado, aunque este martes aún no les habían dado fecha. “Hemos esperado tanto, que unos días más no es nada”, suspira Dolores, una de las hermanas. Su máxima aspiración es conocer el nombre completo, sin tachones ni iniciales, del policía que disparó la bala. Aunque habrá qué comprobar si eso efectivamente está: “A ver qué hay ahí. Se supone que sí, pero es muy extenso, tendremos que estudiarla letra por letra, ver lo que se hizo, lo que se dijo, los testigos, qué policías fueron llamados para testificar...”.  

La posición contraria a la nueva norma de acceso del Grupo Parlamentario Popular nacional, expresada en la votación de la Mesa, ha hecho un roto en el discurso de Juan Manuel Moreno. Ellas no se creen que los diputados populares de la Mesa no supieran qué se votaba. “Es absurdo, no me lo creo; que un partido de tanta importancia no sepa qué va a votar... Pues para eso que no vayan. Tendrán que informarse de qué votan”, protesta Dolores García Caparrós, quien recuerda que el Presidente prometió a las hermanas que pondría a su disposición la capacidad de la Junta para acceder a los documentos: “Nos dijo que ellos mismos lo iban a reclamar, para que nos enteráramos los andaluces. Que ahora rechacen que salga a la luz, siendo Manuel José Hijo Predilecto de Andalucía, no tiene sentido ninguno”.

Accesos a los documentos anonimizados

Los documentos relativos a la Comisión parlamentaria que investigó los sucesos de Málaga y La Laguna en diciembre de 1977 han sido consultados en diversas ocasiones por diputados y ciudadanos particulares, aunque siempre anonimizados.

La primera persona ajena al Congreso que consiguió ver esos documentos fue la secretaria judicial Rosa Burgos, autora de varios libros de investigación que ahondan en las circunstancias de la muerte de García Caparrós. Fue en 2007, lo hizo “autorizada por la Cámara” y el informe no menciona que a ella se le exigiera nada ni que se anonimizaran los documentos.

En 2012, Jaime Relanzón, comandante de la Guardia Civil, pudo consultar los documentos sin anonimizar, “de forma excepcional”. Relanzón era instructor de un expediente de responsabilidad patrimonial abierto a instancias de María Dolores Quesada, madre de Javier Fernández Quesada, asesinado por un disparo de un agente de la Guardia Civil a las puertas del paraninfo de la Universidad de La Laguna el 12 de diciembre de 1977. Tenía 22 años y se estaba manifestando por la represión policial contra las huelgas. Nunca se ha sabido el autor del disparo. Estos sucesos se investigaron en el Congreso por la misma Comisión que abordó el asesinato de García Caparrós.

En marzo de 2017 lo intentó por primera vez la diputada de IU Eva García Sempere, pero su solicitud fue denegada por la Mesa. Sin embargo, la misma Mesa reconsideró su decisión a petición del Grupo Unidas Podemos, y García Sempere pudo consultar la documentación aquel otoño, con los nombres tachados.

Por entonces, la cuestión de acceder a los documentos se había trascendido el interés de la familia para convertirse en una cuestión política relevante, gracias al capital simbólico del joven García Caparrós. Durante el verano y el otoño de 2017 fue el Gobierno de Susana Díaz el que lo intentó, hasta conseguir la autorización en diciembre. El 19 de diciembre se plantaron en el Congreso Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente del Gobierno andaluz y un Letrado del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Pero nuevamente, los documentos se anonimizaron.

Justo por aquel entonces, el 12 de diciembre, el Grupo Parlamentario Popular realiza también la petición, y Juan Ramón Ferreira obtiene autorización para la consulta.

Desde entonces, Rosa Burgos ha podido consultar (no copiar) la transcripción de las grabaciones previa disociación de datos (en noviembre de 2018) y los documentos anonimizados (en abril de 2021).