Defectos del Fonden, vistos en 2020
En 2020, se realizó la sesión del Parlamento Abierto sobre el tema del Fonden y sus resultados. La invitación fue hecha por Erasmo González, presidente de la Comisión de Presupuesto, y Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política.
El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) fue creado en 1996, con el fin de reconstruir infraestructura pública y vivienda de población marginada.
Santiago Levy, entonces subsecretario de Egresos, lo presentó a los funcionarios fiscales en San Carlos, Sinaloa, y este empezó a operar en 1999.
Se trataba de un fideicomiso que tuvo dificultades y defectos. Con la apertura del Congreso en 2020, parecía el mejor momento de corregir el Fondo o, en su caso, desaparecerlo para crear uno nuevo con mayor equidad, transparencia y control en el manejo de los recursos.
El objetivo central del fideicomiso era atender a los estados y municipios con menores niveles de desarrollo y recursos, estableciendo mejores reglas de operación.
Los recursos debían ser administrados con transparencia y rendición de cuentas para dar equidad a las entidades y municipios menos desarrollados.
Sin embargo, los pari passu —que era la forma legal con que operaba el Fonden— eran totalmente usurarios, especialmente para los municipios, que eran los que tenían un menor desarrollo.
En cinco estados se concentraba más de la mitad de los recursos de reconstrucción. Entre ellos estaban los que tenían mayores niveles de pobreza y que fiscalmente no eran favorecidos, ya que durante años se privilegiaron las inversiones en infraestructura en el norte y en algunos estados del centro.
Por supuesto, los recursos se dirigieron a los estados con mayor riqueza y el Banco Nacional de Obras Y Servicios Públicos (Banobras) fue utilizado como la caja donde se tenían que concentrar los pari passu. Particularmente, el sur del país no era beneficiado.
Los recursos se concentraban en los domicilios fiscales de las grandes empresas del Valle de México, Nuevo León y Jalisco, dejando a los estados del sureste con pocas posibilidades para tener alguna reserva fiscal para enfrentar los desastres naturales.
Es importante puntualizar que el Fondo de Desastres Naturales en México operaba bajo una estructura de coparticipación, que se asemeja al principio legal de pari passu. Era inaccesible para los estados más afectados por los desastres naturales, como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero y Morelos.
Estas entidades tenían infraestructura más endeble y con mayor recurrencia de los desastres naturales, como lo seguimos observando.
Los llamados pari passu eran regresivos; por ejemplo, la aportación municipal llegó a ser del 70 por ciento en algún momento, y para los estados del 60, lo que se igualó en 2001, en 50–50; sin embargo, la regresividad no cambió.
La estructura financiera nunca estuvo vinculada al peso fiscal de estados y municipios. En una visita de diputados y autoridades de Sinaloa, para conocer mi opinión sobre los créditos de Banobras, la respuesta fue que, además de usurarios, eran eternos, ya que no podrían adelantar pagos.
Es evidente que algunas entidades federativas no podían aportar su parte. Dependiendo de la “capacidad negociadora” de sus autoridades, lograban conseguir recursos de alguna dependencia federal, aunque estos eran para “la aportación estatal” al Fonden, ya que el estado no podía “depositar sus pari passu”.
En Banobras se crearon los ‘bonos cupón cero’, lo que representó una presión adicional y costosa para las haciendas estatales. Estas solo podían pagar los intereses, ya que no podían adelantar sus pagos a lo convenido debido a la reconstrucción, generando así una “deuda eterna”.
Estos recursos no se usaban para ampliar su cobertura, incluyendo las epidemias y pandemias, como se incluyeron en su momento las sequías y los incendios forestales.
Por ello y otras cosas, fue afortunada la desaparición del Fonden.