El Govern acerca posiciones con los Comuns con la unidad antidesahucios y más compras de pisos sociales

El Govern de Salvador Illa sigue acercando posiciones con los Comuns en materia de vivienda para sacar ganar apoyos a los Presupuestos de 2026. A la espera de un acto conjunto este lunes por la tarde, el president ha anunciado la compra de 170 pisos a InmoCaixa, el tercer paquete adquirido a la entidad para ampliar el público. Además, ambas partes trabajan también para cerrar un acuerdo sobre la nueva oficina de mediación contra los desahucios. 

Con esta nueva tanda de compras a la inmobiliaria de CriteriaCaixa se alcanzan las 843 en total, por un importe de entre 50 y 60 millones de euros, según ha adelantado Illa en una entrevista en RTVE-Ràdio 4. Al menos dos de los bloques de pisos adquiridos se encontraban en huelga de alquileres tras haber perdido la condición de pisos de protección oficial y enfrentarse a subidas o no renovaciones de contrato. 

“En materia de vivienda, nadie hace más que el Govern”, ha proclamado Illa, que ha aprovechado para recordar el compromiso de levantar 50.000 pisos protegidos antes de 2030. Además, ha insistido en que estudiará la prohibición de las compras de vivienda como inversión. “Si encontramos medidas que encajen en el marco legal y puedan ayudar y sean eficientes, ningún inconveniente”, ha señalado. 

Sobre los avances con los Comuns, Illa ha asegurado que esta tarde firmaría un acuerdo vinculado con sus demandas en materia de vivienda. Sin embargo, fuentes de la formación lo rebajan a que por ahora es una reunión para dar seguimiento a los compromisos adquiridos. En el encuentro se citan la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y su equipo, con la presidenta del grupo de los Comuns, Jéssica Albiach, y la diputada adjunta Susanna Segovia. 

Para sentarse a negociar los Presupuestos, los Comuns pusieron como condiciones al menos materializar las medidas pendientes desde el acuerdo de hace un año, principalmente la creación de la unidad antidesahucios –a imagen y semejanza de que creó Ada Colau en Barcelona– y la puesta en marcha del registro de grandes propietarios. Ambas partes coinciden en que se avanza a la espera de cerrar algunos detalles, quizás este mismo lunes. 

Ambas demandas por satisfacer de los Comunsa darían seguimiento a una de las que ya se confirmó hace unas semanas: la creación de un cuerpo de inspectores para hacer cumplir la legislación de vivienda. La Generalitat aprobó en septiembre su nacimiento con 100 inspectores de entrada.

En cuanto a la compra de un nuevo paquete de viviendas a InmoCaixa, se firmará el 13 de noviembre, según ha detallado Illa. Su importe será de unos 15 millones de euros, e incluye tres fincas en Banyoles, Mollet del Vallès y Lleida. 

Esta operación tiene también un trasfondo social, puesto que algunas de estas fincas mantenían desde hace meses un pulso con la propiedad en forma de huelga de alquileres y con el apoyo del Sindicato de Inquilinas de Catalunya. “La huelga de alquileres empieza a dar frutos”, han celebrado los activistas en un comunicado en el que destacan que estas viviendas queden “blindadas” como públicas. 

La huelga estaba en marcha al menos en Banyoles, con 57 pisos, y en Lleida, donde se acababan de sumar a este tipo de protesta. Además, suma otras fincas en Sentmenat, Sitges o Palau-solità. 

El origen del conflicto son una serie de promociones de la entidad financiera cuyo régimen de alquiler de protección oficial expiró hace unos años. Los inquilinos denunciaban que la propiedad les quería subir el alquiler o directamente no renovar el contrato. Por ello, al menos 68 familias se sumaron a una huelga con la que retuvieron el pago de las mensualidades para exigir la resolución de su situación, además de la devolución del cobro del IBI.