Consumo amenaza con una multa de 3,6 millones a Alquiler Seguro por imponer el pago de honorarios a los inquilinos
Alquiler Seguro se enfrenta a un posible multa de hasta 3,7 millones de euros si se cumple la propuesta del Ministerio de Consumo, que acusa a esta compañía de vulnerar los derechos de los consumidores. El expediente sancionador generado el pasado mes de marzo se abrió tras las denuncias de organizaciones de consumidores como el Sindicato de Inquilinas y Facua. Una cuantía que la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha puesto sobre la mesa tras la primera denuncia presentada en noviembre de 2023 por Facua, por imponer el pago de honorarios a los inquilinos, una práctica prohibida por la legislación vigente tras la promulgación de la ley de vivienda.
La sanción presentada por el Ministerio debe ser ratificada por el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, que mantiene la denuncia en fase de análisis, a la espera de ser revisadas las alegaciones formuladas por las partes.
El Ministerio de Consumo tiene abiertos varios expedientes e investigaciones contra plataformas de pisos turísticos que han forzado a Airbnb a retirar 65.000 anuncios y más de 4.000 en el caso de Booking. Asimismo, los órganos ministeriales tienen en marcha investigaciones a empresas gestoras de pisos turísticos y a inmobiliarias por violentar presuntamente los derechos de los inquilinos.
Facua, que figura como parte personada en el procedimiento de Alquiler Seguro, ha detallado en su denuncia las irregularidades localizadas en los contratos que la inmobiliaria firma con los arrendatarios, entre ellas la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino, mediante el que se encubre el cobro de gastos que deberían ser asumidos por el propietario, así como la obligación de contratar un seguro del hogar y un estudio de solvencia económica; a ello se añade la limitación del derecho de desistimiento del contrato y la carga a los inquilinos de todos los gastos derivados de reclamaciones judiciales o extrajudiciales.
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha indicado en TVE que, aunque su Ministerio tiene recursos limitados, van a ponerlos todos en marcha para asegurar que "ninguna empresa esté por encima de la ley en el mercado de la vivienda", donde ha asegurado que en los últimos años se ha impuesto la "ley de la selva. Los inquilinos están en una situación de indefensión, buscar un piso se ha convertido en una competición, se producen abusos y se violenta el derecho constitucional a una vivienda digna". En este contexto, ha anunciado que pondrá todos los recursos del Ministerio van a estar puestos a disposición de asegurar que "los derechos de inquilinos e inquilinas se respeten".
Bustinduy ha defendido la medida de congelar los precios del alquiler y la prórroga por tres años de todos los contratos de existentes, ya que en los próximos meses hay 300.000 contratos que van a llegar a su fin e implica que hay muchas familias que viven con la angustia de que cuando vayan a renegociar el alquiler se lo puedan subir un 30% o un 40%. Por ello, ha abogado por una prórroga por tres años de todos los contratos existentes y una congelación de las rentas de alquiler, tanto para la renovaciones como para los nuevos contratos, para neutralizar la espiral alcista de los precios en un contexto en el que los rentistas "se están forrando". También ha defendido otras medidas que van contra la acaparación y acumulación de viviendas con medidas fiscales "muy gravosas" a partir de quien posee cuatro casas o más y también la prohibición de la compra especulativa de una vivienda en una zona tensionada.
El ministro también ha confirmado que participa en las negociaciones de las leyes que tienen que ver con sus competencias, como la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que esta semana se vota en comisión en el Congreso, y subrayó que, "por supuesto hemos negociado con Junts, como con todos los grupos políticos, con total normalidad".