La pinza entre PP, Vox e IU-Podemos ha dado este lunes un paso más para evitar que la ciudad de Toledo pierda diez millones de euros. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado, con los votos de los tres partidos y la abstención del PSOE, la finalización del expediente de revisión del convenio expropiatorio de 2008 y del convenio de modificación y ejecución del Nudo Norte de 2021, que permitió actuaciones como el desdoblamiento del puente de Parapléjicos o la construcción de la gran rotonda que regula el tráfico en la zona. La deuda se corresponde con expropiaciones realizadas para infraestructuras vinculadas al Plan de Ordenación Municipal (POM), actualmente anulado. Con este acuerdo, el Consistorio continuará la batalla por la vía judicial, contratando los servicios del catedrático Luciano Pareja, como ya informó ABC, para impugnar el dictamen que obliga al pago a la empresa Condominio Siglo XII. El concejal de Planeamiento Urbanístico, Florentino Delgado, defendió que la decisión «tiene como finalidad proteger los intereses patrimoniales del Ayuntamiento y de toda la ciudadanía toledana», y permitir que los tribunales revisen unos actos «considerados desproporcionados y perjudiciales para la ciudad». «Estamos haciendo lo correcto —afirmó—. Debemos intentar, aunque sea en una situación jurídicamente complicada, que el dinero de los toledanos no vaya a otro sitio que a mejorar nuestra ciudad». Delgado lamentó que este asunto se haya prolongado durante más de quince años —desde el convenio inicial de 2008 y su modificación en 2021— y subrayó que con esta decisión «se pone fin al expediente administrativo y se abre la vía jurisdiccional» para intentar revertir lo que considera un perjuicio económico para el Ayuntamiento. El concejal insistió en que el Consejo Consultivo, aunque no emite actos administrativos, «no debe impedir al Ayuntamiento acudir a la vía judicial para analizar las cuestiones de fondo, que son las verdaderamente relevantes». «Nos encontramos ante una desproporción tremenda que se traduce en un perjuicio económico, en una lesión patrimonial en contra del Ayuntamiento y de todos los toledanos», recalcó Delgado. Durante la Comisión de Urbanismo, el portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, sostuvo que este asunto «salió mal desde 2008, cuando se firmó un convenio que obliga a pagar diez millones por todo el terreno para hacer nada». Criticó además la actuación de la asesoría jurídica municipal, que «no defendió en su día los intereses de la ciudad», lo que ha obligado a contratar al catedrático Pareja. Por su parte, la portavoz socialista, Noelia de la Cruz, lamentó no haber sido informada de esa contratación ni de su incorporación al expediente, aunque en el Pleno expresó su deseo de que «esta jugada del Ayuntamiento salga bien, pese a contar con dos informes negativos». Fernández, que mantiene su apoyo al proceso judicial, advirtió que el convenio «ya venía defectuoso desde 2018, cuando se pagó por todo y se expropió una mínima parte», y se agravó en 2021 «con mayores prebendas para la empresa Condominio». El portavoz insistió en que «si se debe pagar, que sea en dinero y no en unidades urbanísticas, para no poner la alfombra roja a la empresa ni permitirle especular con la vivienda o condicionar el desarrollo urbanístico de la ciudad».
