El Gobierno de Asturias, a través de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, solicitará formalmente al Gobierno de España l a revisión de oficio de la prórroga de la concesión de la autopista AP-66 (peaje del Huerna), ampliada hasta 2050 por el Real Decreto 302/2000. Esta iniciativa constituye la primera medida administrativa dentro de la batería de actuaciones previstas en el manifiesto de la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita y se enmarca con el dictamen final de la Comisión Europea (CE) que declaró contrarias al derecho comunitario las prórrogas de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66. La revisión de oficio es un mecanismo que permite a la Administración revisar y anular, si procede, sus propias decisiones cuando resultan ilegales o irregulares. Puede aplicarse aunque la decisión ya sea firme, es decir, aunque ya no sea posible recurrirla por las vías ordinarias. Su objetivo es garantizar que la Administración cumpla siempre la ley y proteja el interés público, incluso después de que la decisión se haya adoptado . La petición de la revisión de oficio es el paso previo imprescindible para poder emprender un procedimiento judicial ante los tribunales españoles. El Principado ya ha culminado el análisis jurídico que fundamenta la solicitud de revisión, elaborado por sus servicios técnicos, y lo trasladará al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para su tramitación formal . «Asturias da el paso que le corresponde. Con la revisión de la prórroga del Huerna iniciamos el cumplimiento del Manifiesto de la Alianza y aplicamos el dictamen europeo con rigor jurídico y determinación política. Es una cuestión de legalidad, igualdad y justicia territorial», ha explicado el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo. El responsable de Movilidad ha informado este lunes a los integrantes de la Alianza por las Infraestructuras de los pasos que el Gobierno de Asturias está dando en los diferentes ámbitos de actuación. Calvo ha detallado el trabajo técnico y jurídico que se está desarrollando para abordar las posibles actuaciones a corto y medio plazo en el frente administrativo y también en el judicial. Además, ha dado cuenta de la interlocución abierta con las comunidades vecinas de Galicia y Castilla y León junto con las que ha solicitado formalmente al Ministerio toda la información relativa al procedimiento de infracción tramitado por la CE. El Gobierno de Asturias mantiene contacto directo c on los responsables técnicos de la Comisión Europea que han elaborado el dictamen, en virtud del cual el organismo comunitario ha abierto un cauce específico a través del cual el Principado puede aportar al procedimiento aquella documentación que considere relevante para su resolución. El análisis del Gobierno del Principado concluye que el Real Decreto 302/2000, por el que se modificaron las condiciones económicas de la concesión de la AP-66 y se amplió su duración hasta 2050, incurrió en causa de nulidad de pleno derecho , al haberse dictado sin seguir el procedimiento de adjudicación legalmente establecido. El análisis determina que el real decreto introdujo modificaciones sustanciales que alteraron el equilibrio económico-financiero y la duración del contrato, dando lugar en la práctica a una nueva concesión sin licitación pública . De acuerdo con el derecho comunitario, este tipo de actuaciones vulnera los principios de transparencia, concurrencia e igualdad, por lo que el acto administrativo es nulo conforme al artículo 47.1 de la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común. El Ejecutivo fundamenta asimismo su solicitud en la afectación directa de la prórroga sobre el interés general de la comunidad, dado que el mantenimiento del peaje hasta 2050 supone una barrera económica y social que impacta en la movilidad, la competitividad empresarial, la cohesión territorial y la sostenibilidad ambiental. Asimismo, la jurisprudencia avala la legitimación del Principado para impugnar actos estatales que afecten a los intereses generales del territorio. «La prórroga del Huerna fue jurídicamente irregular y económicamente lesiva para Asturias. Nuestra obligación es restablecer la legalidad y garantizar que esta comunidad tenga las mismas condiciones de movilidad que el resto del país», ha destacado Alejandro Calvo.
