Almeida insta a Maricarmen a acudir a los servicios sociales pese a que lo hizo antes de la orden de desahucio a sus 87 años

Al alcalde de Madrid “no le consta” que Maricarmen, la mujer de 87 años amenazada con un desahucio inminente, haya acudido a los servicios sociales para pedir ayuda por la orden de expulsión. En declaraciones a los medios, José Luis Martínez-Almeida le ha recomendado a esta vecina del barrio de Ibiza que notifique el problema a este órgano municipal pese a que ya lo hizo antes de recibir una orden de expulsión de su actual casero: Urbagestión Desarrollo e Inversión SL.

Maricarmen recibió una notificación de desahucio para abandonar el piso en el que vive desde hace 70 años y que acabó adquiriendo un fondo buitre, que ahora no reconoce la validez de su contrato al subrogarse con la muerte de su madre, en 2005. La vecina, a la que esta empresa ya le ofreció comprar la vivienda por 250.000 euros, mantiene que esa sigue siendo su casa y su pensión (de 1.450 euros mensuales) no le permitiría semejante desembolso.

En una entrevista reciente con elDiario.es, Maricarmen afirmó que ya había acudido a los servicios sociales. Sin embargo, la alternativa que obtuvo fue acudir a una residencia para la que además había lista de espera. “Estoy seguro de que sabrán darle la ayuda necesaria”, insiste ahora Almeida, que la emplazó a hablar también con miembros de la Junta Municipal de Retiro, el órgano local que gestiona una de las zonas más encarecidas de Madrid, tanto por su ubicación privilegiada como por el famoso parque que alberga.

En 1956, cuando los padres de esta mujer alquilaron la vivienda en la que creció, los contratos de alquiler eran vitalicios e incluso podían ser heredados por el cónyuge y los sucesores que viviesen en el mismo domicilio. En 1985, el entonces ministro de Economía Miguel Boyer decretó el fin de esta garantía para los nuevos contratos. Una decisión que hoy explica, en parte, la inseguridad habitacional que afrontan muchas familias, aún pendientes de la renovación de sus alquileres y de la voluntad de sus propietarios.

Entonces, el conocido como 'decreto Boyer' justificaba los cambios en la normativa para mejorar la actividad del sector de la construcción y frenar una escalada de precios que atribuían a “la eventual indemnización” que el arrendador debía pagar al arrendatario para que acepte la rescisión del contrato“. A finales de 2020, la nueva propiedad del edificio en Ibiza propuso a Maricarmen una subida de la renta de más de un 300%, inasumible para ella (serían 1.650 euros al mes).

En primera instancia, el Juzgado número 90 de Madrid dio la razón a Maricarmen: el tribunal consideró que la subrogación se produjo cuando los propietarios del inmueble la aceptaron “tácitamente”, así como los nuevos dueños que compraron la vivienda antes de cederla a este último fondo buitre.

“Es jurídicamente relevante y consciente de sus consecuencias, formulada en términos claros e inequívocos (de los que no pueden hacerse otras interpretaciones), con la finalidad de causar estado definiendo inalterablemente la posición de su autor y generando una expectativa razonable en la actora, que, de otra parte, ya era mantenida durante 13 años, circunstancias que la hacen incompatible con lo que ahora se pretende”, afirmaba la sentencia. Pero tiempo después llegó la orden de desahucio, que pretende ser este miércoles 29 de octubre. Algo que desde el primer momento se ha negado a aceptar.