Alquiler Seguro denunciará la propuesta de sanción de Consumo porque "tres sentencias avalan la legalidad de nuestros servicios"
Alquiler Seguro prepara ya sus alegaciones contra la propuesta de sanción, por importe de 3,6 millones de euros, que anunció ayer el Ministerio de Consumo y ha confirmado que presentará alegaciones durante el plazo correspondiente para defender la legalidad de sus servicios. La empresa ha defendido que cumple con la ley, ha rechazado las acusaciones de llevar a cabo prácticas abusivas en la gestión del alquiler y ha asegurado que varias sentencias judiciales avalan el cobro de servicios.
Según ha informado la inmobiliaria en un comunicado, todos los servicios que ofrece a propietarios e inquilinos son "transparentes, públicos y voluntarios, incluidos los gastos de gestión y formalización del contrato", que recaen exclusivamente en el arrendador, tal y como viene recogido en el contrato de prestación servicios. "La voluntariedad en la suscripción de los servicios de Alquiler Seguro, y específicamente, del Servicio de Atención al Inquilino (SAI), ha sido reconocida en hasta tres procedimientos judiciales por tres tribunales que han analizado su alcance y su aplicación", apuntan.
Alquiler Seguro ha presentado estas tres sentencias ganadas por la empresa, en las que la Justicia rechaza las acusaciones contra la compañía. En concreto, el Juzgado de 1ª Instancia nº 104 de Madrid desestimó una demanda contra la empresa por el cobro de este servicio, aclarando que no solo no es abusivo ni supone una imposición, sino que incluye todo un conjunto de prestaciones voluntarias que resultan de utilidad para los inquilinos durante toda la vigencia del contrato de alquiler. El fallo establecía que la empresa ofreció un contrato de servicio de atención al inquilino "sin ningún tipo de imposición, pudiendo optar la parte actora por arrendar directamente la vivienda sin intermediación de la demandada". Ayer mismo conoció una nueva resolución judicial que corrobora que todos los servicios que ofrece "son voluntarios y que generan un beneficio para sus clientes".
Por ello, Alquiler Seguro considera que el importe que el Ministerio de Consumo fija en la propuesta de sanción es "abusivo y desproporcionado. La compañía rechaza la imposición de cualquier tipo de sanción y defenderá la legalidad de sus acciones en la fase de alegaciones". defiende que que queda acreditado según las sentencias judiciales que siempre que tuvo lugar "una relación contractual entre las partes que fue objeto de desarrollo para el fin contenido en el contrato suscrito por las partes, la pretensión de devolución del precio abonado por la misma carece de fundamento objetivo alguno, de conformidad con el precepto transcrito más arriba, por el que debe desestimarse la demanda".
Esta propuesta de sanción presentada por el Ministerio, que debe ser valorada ahora por el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, continuará en fase de análisis durante los próximos meses, dado que se espera una decisión una vez revisadas las alegaciones formuladas por las partes. Entre las irregularidades que apunta Consumo en su propuesta de sanción destaca la "imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino, mediante el que se encubre el cobro de gastos que deberían ser asumidos por el propietario, así como la obligación de contratar un seguro del hogar y un estudio de solvencia económica". A ello se añade "la limitación del derecho de desistimiento del contrato y la carga a los inquilinos de todos los gastos derivados de reclamaciones judiciales o extrajudiciales", informaron fuentes ministeriales.
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha indicó ayer que van a poner en marcha todos sus recursos para asegurar que "ninguna empresa esté por encima de la ley en el mercado de la vivienda", en el que aseguró que en los últimos años se ha impuesto la "ley de la selva. Los inquilinos están en una situación de indefensión, buscar un piso se ha convertido en una competición, se producen abusos y se violenta el derecho constitucional a una vivienda digna". En este contexto, ha anunciado que pondrá todos los recursos del Ministerio van a estar puestos a disposición de asegurar que "los derechos de inquilinos e inquilinas se respeten".