Los puntos clave del proyecto de Bolaños para dar la instrucción a los fiscales y que dirijan a la UCO
El Gobierno aprobará hoy en Consejo de Ministros el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOEcrim), a propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Esta reforma "estrella" del también titular de Presidencia y Relaciones con las Cortes prevé varios cambios profundos e históricos en el sistema judicial. El principal, que la instrucción de las investigaciones judiciales pase estar en manos de los fiscales, y, con ello, que dejen de ser ejecutadas por los jueces (como hoy en día ocurre).
Este paso también implica que, como instructores, las unidades de Policía Judicial, como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, actuarán bajo la dirección de fiscales en la investigación de delitos.
El propio ministro socialista explicó, la pasada semana, que el modelo va dirigido a que "los jueces estén para juzgar y ejecutar lo juzgado y la investigación la lleve la Fiscalía".
Por otro lado, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) prevé que aumente, de cuatro a cinco años, el tiempo de permanencia en el cargo del fiscal general del Estado.
Quedando así desligado su mandato de las legislaturas del Poder Ejecutivo, aunque no dejará de depender del Gobierno la elección del máximo responsable del Ministerio Público.
Los ascensos dentro de la Carrera fiscal, en cambio, ya no dependerán del Ministerio de Justicia y pasará a ser una competencia del fiscal general.
En otro orden de cosas, esta conocida como "ley Bolaños" incluye la limitación de quién tiene potestad para ejercer la acusación popular en los procedimientos y quedarían así excluidas las formaciones políticas, las asociaciones vinculadas a los partidos y los sindicatos profesionales.
Lo cierto es que este proyecto de ley tiene difícil, de momento, salir adelante, dado que el apoyo parlamentario para su aprobación en las Cortes no está asegurado.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez necesita una mayoría absoluta para aprobarla en el Congreso de los Diputados, y sin el apoyo de Junts -que se da por hecho que no tendrá tras la ruptura de Carles Puigdemont- está abocado a no pasar de ser un proyecto. En cualquier caso, de aprobarse, no entraría en vigor hasta enero del año 2028.