El juez amplía la investigación de los contratos sanitarios troceados el mismo día que el Gobierno andaluz pidió cerrarla

El juez que investiga si hubo malversación en el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la sanidad privada en Cádiz ha prorrogado la instrucción otros seis meses, hasta el 2 de abril de 2026, cuando estaba a punto de expirar el plazo máximo desde la incoación de la causa, hace un año.

El juez de instrucción nº 3 de Cadiz, Manuel Jesús Gómez Gómez, podía haber ampliado la investigación de oficio, sin consultar a las partes, pero fue la Fiscalía y las acusaciones particulares (PSOE y Podemos) quienes solicitaron al magistrado la prórroga en sendos escritos fechados entre el 12 y el 18 de septiembre.

El Gobierno andaluz, que se personó primero como perjudicado y luego como responsable civil subsidiario, se opuso a la prórroga en un escrito del 29 de septiembre, en el que además solicitó el “sobreseimiento de la causa, o subsidiariamente, el sobreseimiento” respecto la imputación del director económico de la Central Provincial de Compras del SAS en Cádiz, Demetrio González, “por no existir indicio alguno que justifique su condición de investigado”.

Ese mismo día, el juez Gómez rechaza archivar la causa, como solicita la Junta, y acuerda prorrogar la investigación otros seis meses porque “existen diligencias de instrucción pendientes de practicar” y porque “pudieran acordarse otras nuevas a la vista del resultado de aquellas”.

El Gobierno andaluz ha presentado sin éxito un recurso contra esa prórroga, consciente de que el juez aplicará las diligencias pendientes (llamar a declarar a testigos o imputados, recabar más informes, etc...) en un calendario muy sensible políticamente, en los meses previos a las elecciones andaluzas, previsiblemente en la primavera de 2026.

Podemos, responsable de la denuncia que provocó la apertura de diligencias, PSOE y la Fiscalía se han posicionado a favor de la prórroga planteada por el juez, que finalmente ha confirmado su decisión en un auto, al que ha tenido acceso este periódico. La letrada del SAS, en su recurso, advierte al juez que esa prórroga “no se ajusta a derecho”, porque ni el Ministerio Público ni las acusaciones particulares ni el propio magistrado señalan “cuáles son las diligencias” pendientes que justifican esta decisión y eso, dicen, “vulnera” la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

“No es posible que se adopte una medida tan importante y restrictiva de derechos fundamentales sin una justificación adecuada. No explica por qué no ha terminado la investigación en este tiempo ni cuáles son las diligencias que se encuentran pendientes”, reaza el recurso.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno tiene dos causas judiciales abiertas que investigan las irregularidades en la contratación del SAS con clínicas privadas: un juzgado de Sevilla ha imputado a los tres últimos gerentes del SAS por supuesta prevaricación en la adjudicación a dedo de cientos de millones por la vía de emergencia, amparándose en el marco legal excepcional de la pandemia cuando ya estaba derogado (declararán ante el juez en noviembre).

La otra causa, la de Cádiz, investiga un supuesto delito de malversación en la concesión de 235 millones de euros en cientos de contratos menores troceados en esta provincia durante el ejercicio 2021. Aquí está imputado el responsable de compras del SAS en Cádiz, que ya declaró ante el magistrado, junto a los interventores provinciales que emitieron un durísimo informen denunciando el “abuso” de los contratos menores y el “fraccionamiento” masivo de esos contratos con una misma empresa y por la misma prestación.

La abogada que representa al SAS en esta causa ya presentó un escrito de alegaciones contra la petición de las acusaciones para que se prorrogara la instrucción, acusándolas de que “su único interés era mantener viva de forma artificiosa la investigación”.

El juez Gómez ha tomado el testigo en la instrucción del caso de los contratos sanitarios troceados que inició la magistrada Rosa García. García, además de la Fiscalía, habían reclamado al Gobierno de Juan Manuel Moreno documentación sobre el procedimiento de contratación del SAS, incluido los informes definitivos desfavorables de los interventores del SAS en Cádiz, donde censuran el “fraccionamiento masivo e indebido” de contratos millonarios con la misma empresa y por el mismo objeto, para “eludir” la legislación.

Entre enero y diciembre de 2021, los centros provinciales del SAS en las ocho provincias firmaron contratos por obras, servicios y compra de bienes y suministros con empresas privadas por un importe total de 4.141,6 millones de euros. Casi una tercera parte –el 29,58% (1.225,3 millones)– fueron contratos menores, la mayoría no superiores a 30.000 euros, aunque cientos de ellos fueron adjudicados a dedo a las mismas empresas, alcanzando cifras millonarias.

Los auditores denunciaron un “abuso” de la figura del contrato menor en el SAS, que se repetía en todas las provincias andaluzas, y que motivaron la apertura de una investigación interna ordenada por la Intervención General de la Junta. El contrato menor es una figura que recoge la ley para servicios, bienes y prestaciones en situaciones de urgente necesidad, pero los interventores atestiguaron que el SAS encadenada cientos de contratos menores con la misma empresa para pagar el mismo servicio, lo cual “vulnera” la Ley de Contratos del Sector Público.