Proteger el alta mar: un nuevo deber de Costa Rica

El alta mar, zona situada más allá de la soberanía nacional de cada país, cubre casi dos tercios del océano.

Esta región del planeta se había caracterizado por una gobernanza y marco legal altamente fragmentado, donde se cuenta con organizaciones, tratados y actividades relacionadas con una amplia gama de acciones, como la pesca, las especies migratorias, la investigación científica, el transporte marítimo, la contaminación del mar y los impactos ambientales de ciertas actividades, entre otros.

Sin embargo, se carecía de un instrumento y de institucionalidad que permitieran abordar, de manera integral y en coordinación y cooperación con otros acuerdos y procesos, el uso y conservación de la biodiversidad en esta enorme extensión del planeta.

Así, el Acuerdo sobre Áreas Mas Allá de Toda Jurisdicción Nacional (conocido también como BBNJ, por sus siglas en inglés) inició su proceso de discusión mediante resolución 59/24 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2004 y el establecimiento de un Grupo de Trabajo Informal ad hoc de composición abierta para estudiar cuestiones relacionadas con la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en zonas fuera de la jurisdicción nacional.

Luego, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 72/249, del 24 de diciembre de 2017, estableció la Conferencia Intergubernamental con el mandato de negociar un acuerdo internacional en esta materia, el que fue adoptado en junio de 2023. A la fecha, ha alcanzado las 60 ratificaciones necesarias y entrará en vigor en enero próximo, también en Costa Rica.

El citado es el tercer acuerdo de implementación de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (Convemar). La Convemar es considerada la Constitución del Océano y fue ratificada mediante ley N.° 7291 del 23 de marzo de 1992.

El país aprobó la Ley de Ratificación del Acuerdo en 2025 y, en mayo de este año, depositó ante la Sección de Tratados de las Naciones Unidas el instrumento respectivo.

El acuerdo consta de 76 artículos y dos anexos. El objetivo del instrumento es asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, por medio de la regulación y aplicación de cuatro grandes temas sustantivos:

• El desarrollo de herramientas de gestión ambiental marino, incluyendo la creación de áreas marinas protegidas. Este es considerado un logro particularmente importante, pues permite que se establezcan este tipo de áreas en zonas fuera de toda jurisdicción nacional. Varios países y grupos de países han manifestado su intención de proponer –siguiendo los lineamientos del acuerdo– la creación de áreas marinas protegidas en alta mar.
• La implementación de evaluaciones de ambiente para ciertas actividades que afecten esta zona.
• La utilización de los recursos genéticos marinos y las secuencias genéticas digitales derivadas de ellos, así como la justa y equitativa distribución de beneficios monetarios y no monetarias para apoyar los objetivos del Tratado.
• La creación de capacidades y transferencia de tecnología marina a los países en desarrollo.
• Adicionalmente, se establecen los arreglos institucionales para la aplicación del Tratado, incluyendo su secretaría, Conferencia de las Partes, un órgano científico y técnico, un mecanismo de intercambio de información, instrumentos y fondos financieros, y diversos comités.

Con respecto a la participación del país, a lo largo del proceso fue uno de los miembros fundadores del denominado Grupo Latinoamericano de Negociación, y coencargado, dentro de este, del tema de las áreas marinas protegidas.

Conclusión

El BBNJ es un instrumento ambicioso y su implementación a nivel nacional representa importantes retos. A nivel institucional, la coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Ambiente y Energía (dentro de este, diversos órganos tales como Sinac, Setena y Conagebio) y el Instituto de Pesca y Acuicultura, entre otros, resultan imprescindibles para avanzar con el entendimiento y aplicación de este nuevo compromiso internacional.

Por supuesto, a ello se debe sumar la participación de la academia, la sociedad civil y otros actores para crear las condiciones apropiadas para implementar el acuerdo.

jorgecmedaglia@hotmail.com

Jorge Cabrera Medaglia es abogado ambientalista y profesor de Derecho Ambiental en la Universidad de Costa Rica (UCR).