Las gasistas piden que Competencia cambie su retribución para evitar una caída de ingresos de 2.405 millones hasta 2032

La patronal gasista, Sedigas, ha pedido este martes cambios en la metodología de retribución de las actividades reguladas del sector que debe fijar el próximo año la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evitar una caída de ingresos que cifra en 2.405 millones de euros en el próximo período regulatorio (2027-2032) si se mantiene la metodología actual. Esta, asegura, ha provocado una caída de 2.495 millones en el período que ahora termina (2021-2026).

“Necesitamos una rentabilidad razonable” para “asegurar el suministro” y “hay una oportunidad”, ha dicho el presidente de Sedigas, Joan Batalla. El directivo ha considerado insuficiente la tasa de retribución financiera del sector que propuso en julio la CNMC (que el sector estima en el 6,4%), aunque no ha querido precisar cuál sería la tasa adecuada.

Batalla, que fue consejero del antiguo regulador energético, la Comisión Nacional de la Energía (CNE), ha confiado en que “hay margen” de mejora y ha asegurado que “el diagnóstico es compartido” en la CNMC y hay intención “de buscar las mejores soluciones” con el regulador para el nuevo marco, que debe estar en vigor en octubre de 2026.

En un encuentro con la prensa en Madrid, Sedigas ha presentado un estudio elaborado por la consultora PwC que afirma que “en el caso de que no haya una revisión de la metodología actual” para el próximo marco pluarianual, lo que se conoce en el argot del sector como tercer periodo regulatorio, ese “impacto adicional” de casi 2.500 millones (excluyendo la retribución de los almacenamientos subterráneos de gas) “haría inviable la sostenibilidad económica de las actividades reguladas”. 

El informe eleva la reducción de ingresos hasta 2032 a unos 3.360 millones “en términos reales”, teniendo en cuenta un aumento de los costes del 2% anual y una inflación acumulada prevista del 13% en esos años.

Para contener esa caída, Sedigas propone “incorporar elementos de flexibilidad en esa metodología retributiva”, que incluyan la evolución de los costes o la deuda, “con señales económicas adecuadas para garantizar la prestación de este servicio”. Otro de los elementos que reclaman revisar es la retribución de activos “que están llegando al final de su vida regulatoria y son imprescindibles para garantizar el suministro”.

El informe asegura que los ingresos regulados del sector gasista en el segundo periodo regulatorio (2021-2026) en comparación con el marco previo (2015-2020) han caído un 15,9%. De ese “drástico” descenso estimado en 2.495 millones, 1.320 millones corresponden a la actividad de Distribución y 1.175 millones al Transporte.

Así, Sedigas estima que si en 2021, primer año del periodo regulatorio que ahora va terminar, los ingresos regulados ascendían a 2.813 millones por año, en 2026 serán de 2.059 millones, con una caída del 26,8%.

Batalla ha recordado que la evolución de esta retribución “no está indexada a nada”, a diferencia de otros países donde sí se vincula a componentes como la inflación. Y el periodo regulatorio que ahora termina “ha estado caracterizado por el aumento de los costes para operar y mantener los activos y dar servicio a los clientes”, por la subida de la inflación (+21%), unos precios industriales que se han disparado un 41% y una subida de 300 puntos básicos en los tipos de interés.

En estos años, la bajada de los peajes de gas (transporte y distribución) ha hecho que en España estos sean un 17% más bajos para los domésticos y un 70% más bajos para los industriales en comparación con los grandes países europeos. El informe señala que en 2021 la situación era la contraria: los peajes domésticos del gas en España eran un 80% superiores a la media europea y los industriales, un 39% más elevados que en la UE.

Óscar Barrero, socio responsable de Energía de PwC, ha indicado que, pese a que existe “cierta tendencia” a la baja en el consumo de gas para los próximos años, en los próximos años “se va a mantener” la demanda de gas, que en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta del Gobierno hasta 2030, “está claramente infravalorada”, con unas previsiones que “no se van a cumplir” ya este mismo año. 

Barrero ha puesto en valor al gas como garante del suministro tras el histórico apagón del pasado 28 de abril. “Nosotros ya lo sabíamos pero la sociedad quizá es más consciente” de su importancia como vector para la seguridad energética, por su capacidad de respuesta ante situaciones extraordinarias, como olas de frío o tensiones en el sistema eléctrico. Entre los “últimos eventos destacados donde se garantizó el suministro de gas natural”, el informe cita la tormenta de nieve Filomena de enero de 2021, la DANA de octubre de 2024, el histórico apagón o los incendios del pasado agosto.

“El apagón es quizás dentro de esta secuencia de eventos donde se ha puesto de manifiesto cuál es la nueva realidad”, ha dicho Barrero. El informe de la consultora encargado por Sedigas destaca que “a partir del día del apagón, la generación de los ciclos combinados [que funcionan con gas natural ha aumentado en un 78%” respecto al periodo previo, si se computa el periodo comprendido desde el 29 de abril hasta julio, tendencia que “lo lógico” es que se mantenga de aquí a final de año, ha dicho Barrero. “Este relevante papel del sistema gasista, se ha seguido constatando por el modo de 'operación reforzada' del sistema eléctrico”.

La patronal defiende el papel del gas “como un pilar fundamental del modelo energético nacional”. Esta materia prima representa el 22% del consumo de energía primaria y el 17% del consumo final en España. Es el principal vector energético en la industria (41%) y lo utilizan unos 8 millones de puntos de suministro (equivalente a 20 millones de consumidores) para atender sus necesidades térmicas básicas. El sector defiende la necesidad de “equilibrar” el marco retributivo para contribuir a la Transición Energética con los gases renovables, para los que el estudio estima que España tiene “uno de los mayores potenciales de producción de biometano en la UE con 163 TWh, basado en residuos propios, lo que reduce la dependencia energética externa”.